* Hilda Salazar Gil informó que la dependencia ha sancionado a 2 mil 438 servidores públicos; diputados cuestionaron la fiscalización, las denuncias y la autonomía del órgano que sustituirá al Infoem……
Por Martha Romero
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado de México, como parte de la Glosa del Tercer Informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, reconoció que la dependencia no tiene facultades para sancionar faltas administrativas graves, pues estas corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa estatal.
Explicó que la Contraloría realiza investigaciones, auditorías y denuncias, pero su competencia para sancionar se limita a las faltas no graves. Añadió que la dependencia colabora con el Tribunal para que se cumplan las sanciones correspondientes.
La funcionaria informó que se sancionó a 2 mil 438 personas servidoras públicas: mil 365 recibieron amonestaciones, 470 suspensiones temporales, 12 fueron destituidas y 591 inhabilitadas. La principal causa fue el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial. También reportó 21 mil 727 denuncias recibidas, de las cuales 15 mil 453 fueron enviadas a los órganos internos de control.
Durante la sesión, el diputado de Morena, Román Francisco Cortés Lugo, preguntó sobre los recursos de obra pública vigilados por los comités ciudadanos de control y vigilancia, las medidas preventivas contra la corrupción y las auditorías a programas sociales.
Por el PVEM, Alejandra Figueroa Adame solicitó conocer las sanciones aplicadas según el nivel jerárquico de los servidores públicos y preguntó qué mecanismos garantizan la legalidad, imparcialidad y transparencia de la propia Contraloría, así como quién fiscaliza sus recursos y revisa la actuación de su personal.
La petista Yareli Anai Esparza Acevedo centró sus cuestionamientos en el seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías, la aplicación de medidas correctivas, los mecanismos para prevenir y detectar posibles actos de soborno y la coordinación con los órganos anticorrupción.
En tanto, la priista Mercedes Colín Guadarrama cuestionó los criterios técnicos y jurídicos para desechar denuncias, al señalar que, de acuerdo con sus planteamientos, alrededor de 33 por ciento habría sido descartado. También expresó preocupación por la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), debido a que el órgano que lo sustituirá será desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría.
La panista Emma Laura Villavicencio también cuestionó las garantías de acceso a la información y preguntó cómo se evitará que se reserven expedientes de compras públicas, auditorías patrimoniales y contratos de obra. Además, señaló la percepción de corrupción entre la población mexiquense y la necesidad de contar con un órgano independiente.
Por Movimiento Ciudadano, Lilia Urbina Salazar pidió detalles sobre las irregularidades detectadas en contrataciones públicas, los recursos protegidos y las medidas para evitar que se repitan. Refirió que se reportaron 26 inconformidades de licitantes, de las cuales 25 fueron resueltas, y preguntó sobre la eficacia de los mecanismos para prevenir favoritismos y conflictos de interés en las licitaciones.
Finalmente, la perredista Araceli Casasola Salazar preguntó cuántas revisiones de la Contraloría detectaron irregularidades y cuáles derivaron en responsabilidades. También cuestionó las auditorías realizadas a la Secretaría de Salud por el caso de una empresa relacionada con vacunas, por un monto superior a 200 millones de pesos, así como los criterios para determinar qué dependencias son auditadas.