* La dependencia encargada de vigilar el uso de los recursos públicos presenta una contradicción en sus estadísticas de febrero de 2026: reporta ocho auditorías desglosadas, pero registra 209 como total. La inconsistencia cuestiona los controles internos y exige explicaciones al gobierno de Delfina Gómez Álvarez……
Por Martha Romero
Resulta preocupante que la dependencia encargada de vigilar la legalidad, transparencia y correcta aplicación de los recursos públicos en el Estado de México exhiba inconsistencias en sus propias estadísticas. La Secretaría de la Contraloría mantiene una diferencia de 201 auditorías en su registro correspondiente a febrero de 2026, situación que pone bajo cuestionamiento la calidad de los mecanismos de revisión y validación de información del gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez.
En su plataforma institucional, correspondiente al periodo septiembre de 2023-agosto de 2026, la dependencia registra siete auditorías a recursos estatales y una a recursos federales durante febrero pasado. Sin embargo, en la columna de resultados aparece un total de 209 procedimientos, cuando la suma correcta de ambos conceptos debería ser ocho.
La diferencia es de 201 auditorías, una cifra imposible de ignorar tratándose de una institución cuya función consiste precisamente en detectar errores, inconsistencias y posibles irregularidades administrativas.
El problema no es exclusivamente matemático. La contradicción obliga a cuestionar qué controles existen para garantizar que los datos oficiales difundidos a la ciudadanía sean correctos.
¿Quién revisa a quienes deben fiscalizar?
La Secretaría de la Contraloría, encabezada por Hilda Salazar Gil, tiene entre sus responsabilidades supervisar el desempeño de las dependencias estatales, verificar el cumplimiento de disposiciones administrativas y promover mecanismos para prevenir irregularidades.
Por ello, la inconsistencia adquiere una dimensión institucional particularmente delicada.
¿Cómo puede garantizarse la precisión de los informes utilizados para evaluar el desempeño gubernamen tal cuando las propias cifras de fiscalización presentan diferencias tan evidentes?.
Hasta ahora, la información examinada no permite determinar si se trata de un error de captura, una duplicación accidental o una equivocación al integrar los resultados mensuales.
Existe, además, un elemento que merece atención: el registro de marzo de 2026 presenta 185 auditorías estatales y 24 federales, que suman exactamente 209, la misma cantidad consignada incorrectamente en febrero.
Esta coincidencia abre la posibilidad de que el total de marzo haya sido trasladado por equivocación al apartado del mes anterior.
Sin embargo, solamente una aclaración institucional permitiría confirmar qué ocurrió.
Transparencia que no admite equivocaciones
La administración de Delfina Gómez Álvarez ha colocado el combate a la corrupción y la honestidad gubernamental entre sus compromisos públicos.
Pero esos objetivos requieren algo más que declaraciones políticas: demandan información verificable, estadísticas consistentes y mecanismos eficaces para corregir errores.
La Contraloría reporta, para el periodo mencionado, tres mil 171 auditorías relacionadas con recursos estatales y 380 con recursos federales, equivalentes a tres mil 551 procedimientos.
Precisamente por el volumen de operaciones fiscalizadoras, resulta indispensable establecer si la discrepancia de febrero afecta únicamente una cel da del registro o también los acumulados oficiales.
De confirmarse un error de captura, tendría que informarse cuándo se ge-neró, quién era responsable de validarlo y por qué permaneció visible.
No existe evidencia suficiente para afirmar que 201 auditorías fueron ocultadas, inventadas o manipuladas intencionalmente. Sin embargo, la falta de claridad documental tampoco debería minimizarse.
La transparencia pierde utilidad cuando los ciudadanos deben adivinar cuáles cifras gubernamentales son correctas.
Miles de denuncias, pero persisten las dudas
La contradicción aparece en un contexto de intensa actividad fiscalizadora.
Durante su comparecencia ante el Congreso mexiquense, Hilda Salazar Gil informó sobre dos mil 438 servidores públicos sancionados administrativamente, incluidos mandos medios y funcionarios de nivel superior.
También destacó procedimientos de auditoría, inspecciones, seguimiento de observaciones y acciones destinadas a fortalecer los controles institucionales.
Sin embargo, estas cifras deben acompañarse de información precisa sobre responsabilidades acreditadas, sanciones definitivas y recursos públicos recuperados.
Contabilizar procedimientos no necesariamente significa combatir eficazmente la corrupción.
La verdadera evaluación debe establecer cuántas irregularidades fueron comprobadas, qué funcionarios respondieron por ellas y cuáles consecuencias jurídicas tuvieron.
Delfina Gómez debe exigir una explicación
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez enfrenta la responsabilidad política de garantizar que las instituciones encargadas de combatir irregularidades también estén sujetas a controles efectivos.
Por su parte, Hilda Salazar Gil debe aclarar públicamente la diferencia de 201 auditorías, proporcionar el desglose correcto y explicar los procedimientos empleados para revisar las estadísticas institucionales.
No basta corregir silenciosamente una tabla si antes no se esclarece el origen de la inconsistencia.
La ciudadanía merece información confiable sobre la vigilancia de sus impuestos, especialmente cuando el gobierno presenta sus resultados de fiscalización como evidencia de honestidad administrativa.
Porque si una dependencia encargada de detectar irregularidades no logra garantizar la consistencia de sus propias cifras, surge una pregunta inevitable: ¿quién está vigilando realmente a quienes tienen la obligación de vigilar el dinero de los mexiquenses?.
