Por Karina A. Rocha Priego
Será el día de mañana cuando arranquen las campañas de los candidatos a las presidencias municipales y diputaciones locales y federales del Estado de México. La situación es realmente crítica, la inseguridad o, mejor dicho, el ansia de control del poder de la delincuencia organizada, amenaza con romper la armonía de las elecciones, sobre todo ante el peligro de que algunos candidatos sean atacados como sucedió el pasado martes contra el aspirante de Movimiento Ciudadano de Amanalco de Becerra.
Según se ha dejado saber, los municipios del sur del Estado de México son los más vulnerables para los delincuentes y, pese a que el Gobierno del Estado, así como las autoridades del IEEM, implementen sus protocolos de seguridad, ha quedado más que claro que no es suficiente.
Por otro lado, se dice que las autoridades estatales están dispuestas a apoyar y proteger a los candidatos, sí, pero a los de Morena, principalmente, los demás, que se las arreglen como puedan o, como recomendó el PRI a sus candidatos, que pidan protección de la Guardia Nacional al INE.
Es una verdadera pena tener que hablar de protección y seguridad para que los candidatos no sean asesinados durante sus campañas; no tendría que ser así, pero la “apertura y protección” que el gobierno federal ha dado a los grupos delictivos en México, les ha dado el poder para robarse el poder político de estados y municipios pues, no sólo el Estado de México padece de esa situación, sino todo México.
Pero se ha vuelto “común” ver por las calles de la entidad y, sobre todo en el Valle de Toluca y sur del Estado de México, mantas o cartulinas intimidatorias, amenazando a los aspirantes y ahora candidatos a dejar sus aspiraciones de lado o perderán la vida, ellos y sus familias. La pregunta sería para los mexiquenses, ¿eso es lo que quieren para el
futuro próximo, para sus hijos, para sus familias?, ¿vivir en la zozobra, bajo amenaza y bajo un régimen operado por el crimen organizado?, ¿eso es lo que quieren? Porque, en un afán de seguir “recibiendo limosnas amlistas”, no se dan o no se quieren dar cuenta de que los están empujando a aceptar gobiernos municipales plagados de delincuentes y asesinos.
No se tratará nada más de que un servidor público desvíe recursos para fines “personales”, sino de desviar recursos para seguir ensuciando a la sociedad a través del narcotráfico que correría por las calles de los municipios afectados con estos gobiernos; eso es lo que quieren estos grupos delictivos, apoderarse de ¡los municipios y su
gente!, protegidos por las autoridades, lamentablemente.
Esto, queridos lectores, significaría, para el Estado de México, más ríos de sangre, tal como volvió a suceder el día de ayer con el asesinato de Fernando Fernández García, quien fuera presidente municipal de Ixtapaluca de 1997 al 2000; su asesinato, dicen, ya está siendo investigado, pero claramente se nota un asesinato perpetrado por el crimen organizado. Qué casualidad que sucede unas horas antes del arranque de las campañas proselitistas.
A esto, ¿qué tendrá que decir el Gobierno del Estado? ¿Que los homicidios de alto impacto, descienden? Porque definitivamente ¡no es así!.
Para colmo, queridos lectores, resulta que la seguridad que requieren los candidatos y por los que el Gobierno se comprometió a dar, no será tan fácil como lo han pintado. Y es que, para que un candidato pueda acceder a esa protección, tendrá que iniciar una solicitud ante la Fiscalía de Justicia estatal que, una vez remitida la solicitud, se dará trámite “inmediato” a las peticiones, denuncias o querellas por hechos que puedan constituir delitos en contra de las personas candidatas; que una vez que hayan iniciado la investigación ministerial se brindarán las medidas correspondientes, o sea, ya que el candidato ¡haya sido asesinado!.
Lo que significa que, ese Protocolo de Seguridad para los Candidatos, es pura “llamarada de petate” porque seguramente, de todas las solicitudes, sólo las de los morenistas
podrían ser resueltas, los demás, que se las arreglen como puedan.
Así se ve claramente el cómo van a transcurrir las campañas electorales que inician el viernes 26 de abril, llenas de incertidumbre, de amenazas, de temor por convertirse en víctimas de la delincuencia, hechos que, insisto, ponen en riesgo el proceso electoral 2024 y lo que podría dar pie a lo que tanto se teme, ¡un fraude electoral que favorezca a Morrena!, en las elecciones presidenciales.
Así pinta, queridos lectores, la “protección a los candidatos”, ante un proceso electoral cuya paz ha sido transgredida antes de dar inicio, sólo se espera que, en esta ocasión, no haya “candidatos levantados y amedrentados” como sucedió hace tres años en Valle de Bravo; o más exalcaldes, exdiputados, candidatos, candidatas, regidores, exregidores asesinados porque, precisamente eso, al parecer, es lo que quieren aquellos que, literalmente, son capaces de ¡matar por el poder!…
