* Yasmín Esquivel respaldó proteger el derecho al agua, pero pidió respetar las atribuciones municipales para definir obras, inversiones y plazos; ministros coincidieron en garantizar 100 litros diarios a los quejosos……
Por Karina Libien
La Suprema Corte de Justicia de la Nación colocó nuevamente a Ecatepec en el centro de la discusión nacional sobre el derecho humano al agua, al analizar los amparos promovidos por habitantes de la Quinta Zona que denunciaron deficiencias en el suministro y calidad del líquido.
Entre las y los ministros existió coincidencia en un punto fundamental: las personas que promovieron los recursos deben recibir protección constitucional y contar con un mínimo de agua potable, sin embargo, las diferencias surgieron cuando el debate pasó de reconocer el derecho a determinar hasta dónde puede intervenir la Corte en las decisiones técnicas, presupuestales y administrativas de un municipio
Los proyectos relacionados con los amparos en revisión 13/2026 y 14/2026 contemplan garantizar hasta 100 litros diarios de agua potable por persona, preferentemente mediante la red hidráulica y, cuando ello resulte imposible, mediante pipas u otro mecanismo adecuado.
Pero la discusión fue mucho más allá.
Yasmín Esquivel pide margen para Ecatepec
Una de las posiciones relevantes fue la de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien respaldó conceder el amparo y garantizar el derecho de los habitantes, pero se apartó de los alcances originalmente planteados para la sentencia.
Esquivel puso sobre la mesa la complejidad territorial, urbana y social de Ecatepec y destacó que el Ayuntamiento presentó documentación sobre acciones que asegura tener actualmente en desarrollo, entre ellas diagnósticos, balances hidráulicos, calendarios de tandeo, análisis de calidad del agua, mantenimiento y programas de inversión proyectados hacia 2030.
Para la ministra, reconocer la violación al derecho humano al agua no significa necesariamente que la Suprema Corte deba sustituir a las autoridades administrativas en la definición detallada de las soluciones.
Su planteamiento fue otorgar mayor margen al municipio para que, coordinadamente con los gobiernos estatal y federal, determine las políticas, inversiones, obras y tiempos necesarios para atender estructuralmente el problema.
La postura de Esquivel coincidió parcialmente con otros integrantes del Pleno preocupados por que una sentencia excesivamente específica termine estableciendo desde tribunales cómo operar sistemas hidráulicos municipales.
100 litros diarios, el punto de coincidencia
Loretta Ortiz Ahlf respaldó conceder el amparo al considerar acreditadas deficiencias estructurales en suministro, distribución y calidad, además de pronunciarse por garantizar 100 litros diarios por persona.
Irving Espinosa Betanzo también apoyó el suministro inmediato mediante la red, pipas o cualquier mecanismo idóneo, pero cuestionó que la Corte establezca detalladamente reparaciones de fugas, diagnósticos, instalación de medidores, cronogramas o intervención de pozos.
Advirtió que ordenar cada acción podría convertirse en una “camisa de fuerza” para las autoridades e incluso aproximarse al “activismo judicial”.
Giovanni Azael Figueroa Mejía mantuvo una posición semejante, respaldó la protección constitucional y el suministro inmediato, pero consideró que corresponde a las autoridades definir las medidas concretas para cumplir.
María Estela Ríos González llevó la discusión directamente al terreno de las competencias, al sostener que la Suprema Corte no cuenta con atribuciones técnicas ni jurídicas para decidir qué obras hidráulicas deben realizarse.
Sara Irene Herrerías Guerra, por su parte, cuestionó que el cumplimiento quedara sujeto a la expresión “tan pronto como sea posible”, debido a que podría generar indeterminación sobre cuándo tendría que garantizarse efectivamente el suministro.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, aceptó modificar esa expresión y ajustar los efectos de mediano plazo hacia lineamientos y directrices, en lugar de establecer mandatos rígidos.
Ecatepec advierte impacto presupuestal
La discusión judicial encontró una respuesta inmediata en el gobierno de Ecatepec.
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss advirtió que algunas obligaciones podrían afectar la autonomía municipal y convertirse en un precedente para los ayuntamientos del país, especialmente por las dimensiones presupuestales necesarias para renovar infraestructura acumuladamente deteriorada.
Según los cálculos presentados por la presidenta municipal, renovar las redes de agua potable y drenaje de una sola región de Ecatepec requeriría aproximadamente 7 mil millones de pesos, prácticamente el equivalente al presupuesto anual municipal, mientras intervenir cinco regiones podría representar alrededor de 35 mil millones.
Cisneros aseguró que desde enero de 2025 su administración ha destinado más de mil 700 millones de pesos a infraestructura hidráulica y rehabilitado más de 70 pozos.
También sostuvo que recibió un municipio donde alrededor del 70 por ciento del territorio presentaba irregularidades en el abastecimiento por red y afirmó que actualmente la proporción se habría invertido, con aproximadamente 70 por ciento atendido y 30 por ciento pendiente de regularizar.
El problema rebasa los amparos
La resolución abre un debate que trasciende a quienes acudieron ante la justicia. Ecatepec tiene alrededor de 1.64 millones de habitantes y una infraestructura hidráulica sometida durante décadas al crecimiento urbano, fugas, deterioro de redes, problemas de presión y dificultades de abastecimiento.
Ahí aparece la verdadera dimensión del desafío, garantizar 100 litros diarios a quienes obtuvieron el amparo resuelve jurídicamente una demanda concreta, pero no elimina el problema estructural para cientos de miles de habitantes.
La posición planteada por Yasmín Esquivel sintetiza precisamente una de las principales tensiones del caso: garantizar de manera efectiva un derecho constitucional sin convertir a la Suprema Corte en responsable de diseñar políticas hidráulicas, decidir qué tuberías sustituir o determinar cómo debe distribuirse el presupuesto municipal.
Ecatepec deberá acatar la resolución definitiva, pero el cumplimiento también exigirá coordinación estatal y federal.
Porque después de la discusión jurídica permanecerá una realidad imposible de resolver únicamente mediante sentencias: el derecho al agua está reconocido desde hace años; el enorme pendiente sigue siendo conseguir que llegue diariamente, con calidad y cantidad suficientes, a las viviendas.
