Por Karina A. Rocha Priego
Todo parece indicar que, por encima del fantasma del abstencionismo que persigue al proceso electoral 2024, está el riesgo de que las elecciones sean “manipuladas” por células delictivas que operan en todo el país, con la venia de las propias autoridades que, en muchos de los casos, son quienes “protegen a los delincuentes”.
Las autoridades electorales y de los tres niveles de gobierno, están verdaderamente preocupadas, pues se teme una ola de violencia, la cual, en realidad, ya comenzó con el asesinato de diversos candidatos y aspirantes, además de familiares cercanos a servidores públicos en activo.
Peor aún, se dice que en algunos estados de la república, el crimen organizado ya presiona a los partidos políticos y aspirantes, pues las células definirán quiénes pueden participar en el proceso electoral y quiénes no. Su “estrategia”, al parecer, es enviar a los llamados “halcones” a dar el mensaje a los líderes partidistas estatales y municipales, llamadas telefónicas o “levantones”, tal como sucedió hace poco menos de tres años en el municipio de Valle de Bravo, donde Zudikey Rodríguez fue secuestrada, amedrentada, liberada y al final perdió la contienda o, mejor dicho, ¡le robaron el proceso!, por esa vía.
Sin embargo, parece que el crimen organizado “tiene en la mira” la elección presidencial, inspirados, apoyados, contratados por políticos interesados en que el gobierno actual se “perpetúe en el poder”. Hay mucho en juego para estas elecciones, pues como ya lo habíamos comentado, son más de dos mil cargos públicos los que se renovarán a través del voto ciudadano, principalmente el Presidente de México y, todo parece indicar que, el interés criminal sobre los servidores públicos a elegir es que estos serán los primeros en poder presentarse a la reelección en el futuro.
Muchos nos preguntamos, ¿por qué el crimen organizado se interesa por los cargos públicos? La respuesta es más que simple, pues es la mejor forma de mantener sus negocios en pie, “oficializando” -por decirlo de alguna manera- el manejo indiscriminado de recursos y, tal vez, dejando un poco de lado el “cobro de piso o secuestro”, toda vez que los recursos del erario público serían constantes, limpios y abundantes.
Pero, lo más fácil es decirlo, lo difícil es tener que enfrentar un proceso donde quienes quieren gobernar pertenecen a grupos criminales dedicados principalmente al narcotráfico, además de ser los “principales promotores de la violencia” que asola a los mexicanos y que durante este sexenio ha dejado en el camino más de 170 mil personas asesinadas, cuyos casos ¡no han sido esclarecidos! -ni serán- más los que se acumulen del 1 de enero de 2024 al cierre de la administración amlista, pues tan sólo en estos primeros 45 días del año, ya superan los 200 asesinatos, entre los que se encuentran algunos aspirantes a puestos públicos.
Se presume, entonces, que de aquí a que se lleven a cabo las elecciones (2 de junio) la violencia será mayor y más constante, en el afán criminal de “asegurar los acuerdos políticos criminales” que han operado durante los últimos tres años en los municipios donde se concluye la administración, por supuesto.
Pero aún más grave es que en México no se cuenta con una estructura real para combatir las células delictivas; la existente, está manchada o infiltrada por criminales que negocian desde la cúpula del poder para seguir operando, aunado a ello, y hay que decirlo, la pobreza económica que caracteriza a los uniformados de todas las corporaciones “de seguridad”, llámese Ejército, Guardia Nacional, policía federal, estatal, municipal, incluso, “las guardias vecinales”, que operan en municipios de alta marginación, por tal, difícilmente podría garantizarse un proceso electoral en calma; los “uniformados de abajo”, los que verdaderamente debieran combatir a los criminales, se han convertido en “presas fáciles” para las células delictivas que, como se ha visto, pagan y arman mejor.
En México, es un hecho que un cargo público, de cualquier nivel y sobre todo hoy, en manos de Morena, significa “el negocio del siglo”, por la holgura que se les ha dado a los servidores públicos para cometer toda clase de “negocios” que no son más que millonarios desvíos de recursos públicos, sin embargo, imagínese usted, querido lector, a qué grado ha llegado la amenaza criminal en el país, que en cada vez más municipios los “elegidos” por los partidos políticos, sin amenaza aún, prefieren “no participar en la contienda”, por temor a formar parte de las estadísticas criminales.
Lamentablemente, en México se ha llegado al punto donde, cada vez hay menos aspirantes a formar parte de las fuerzas armadas y del orden y, por lo que viene aconteciendo, ya cada vez son menos los que quieren ostentar un cargo público, sobre todo en aquellos lugares donde, el crimen organizado, se ha apoderado del lugar.
Por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral -y por ende, los institutos electorales estatales- ha presentado un esquema de seguridad para los candidatos, el cual funcionará de acuerdo con el análisis de riesgo que elabore la Guardia Nacional, destacando que este, por lo pronto (sic) tan sólo está previsto para las candidaturas presidenciales, al Senado, a la Cámara de Diputados, así como a los nueve gobiernos estatales que se disputarán este año, no así para las diputaciones locales y alcaldías, que es donde se presenta de manera constante el fenómeno de la presión criminal sobre los aspirantes pues, autoridades electorales dicen que, de tratarse de una solicitud de seguridad “local”, esta será canalizada a las mesas de seguridad local pero, estará usted de acuerdo que, tratándose de “amenazas de células delictivas contra aspirantes a un cargo de elección popular, forzosamente se convierte en delito de alto impacto que compete a la federación combatir”.
Pero lo dicho, México no cuenta con una estructura lo suficientemente preparada para combatir al crimen organizado en todo el país.
Cabe comentar que, a pesar de que el compromiso de la autoridad electoral para proteger a aspirantes y candidatos es “un buen inicio”, la desconfianza de partidos políticos es tan amplia que algunos representantes partidistas han propuesto al INE, se incluya en su esquema, un equipo confidencial que reciba las denuncias locales y las turne a las autoridades de primer nivel de forma anónima, para desplegar acciones de inteligencia y prevención, y no dejarlo en manos de las autoridades más vulnerables, menos aun cuando, en lo que va de este 2024, han sido asesinados 11 aspirantes a un cargo de elección popular o sus familiares.
Lamentablemente se vislumbra que este proceso electoral, podría convertirse en el “más sangriento” de la historia político-electoral de este país…
