* Personas enfermas explicaron que los tratamientos nocturnos, el transporte y equipos fuera de servicio merman su economía y salud, mientras el gobierno de Delfina Gómez recurre a clínicas privadas para obtener la atención médica……
Por Edith Romero
Toluca, México.- La crisis de hemodiálisis en el Estado de México volvió a colocar bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta del sistema público de salud, luego de que pacientes con insuficiencia renal se manifestaran este viernes 13 de noviembre frente al Palacio de Gobierno para denunciar que los tratamientos asignados en clínicas privadas se realizan principalmente durante la noche, obligándolos a recorrer largas distancias, gastar hasta mil pesos en transporte y enfrentar condiciones que, según sus testimonios, han provocado que algunos abandonen temporalmente sus sesiones por falta de recursos económicos, una situación que compromete su salud y exige respuestas concretas de las autoridades estatales y federales.
Los inconformes, provenientes del Centro Médico Adolfo López Mateos, señalaron que recibir atención médica durante la madrugada representa una carga económica y física difícil de sostener, particularmente para quienes viven en municipios alejados de Toluca, pues después de someterse a procedimientos que pueden provocar cansancio y debilidad deben esperar varias horas para encontrar transporte, exponiéndose a condiciones de inseguridad y regresando a sus viviendas incluso después de las tres de la mañana.
La inconformidad adquiere mayor gravedad porque la hemodiálisis no constituye un tratamiento opcional, sino un procedimiento indispensable para personas cuyos riñones han perdido la capacidad de eliminar adecuadamente sustancias de desecho y líquidos del organismo, por lo que las interrupciones pueden ocasionar complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso poner en peligro la vida.
Equipos insuficientes y pacientes abandonados
Durante la manifestación, representantes de los afectados denunciaron que el Centro Médico Adolfo López Mateos dispone de 108 máquinas de hemodiálisis, pero únicamente 30 estarían funcionando, cifras que requieren confirmación oficial y que, de corroborarse, revelarían una diferencia considerable entre la capacidad instalada y el servicio efectivamente disponible, además de plantear interrogantes sobre mantenimiento, suministro de insumos, contratación de personal especializado y supervisión de los equipos.
La protesta tampoco constituye un acontecimiento aislado, durante febrero, agosto y septiembre se registraron inconformidades por suspensiones de tratamientos, fallas en máquinas y problemas de abastecimiento en hospitales de Toluca, Tenancingo y otros municipios mexiquenses, mientras pacientes denunciaron retrasos que obligaron a recurrir a servicios particulares o permanecer durante días sin recibir la atención requerida.
En septiembre, las protestas relacionadas con deficiencias en hemodiálisis alcanzaron al menos siete municipios, entre ellos Naucal pan, Ecatepec, Ixtapaluca, Neza hualcóyotl y Valle de Bravo, antecedentes que muestran una problemática extendida y que obligan a revisar si las medidas adoptadas han atendido las causas estructurales o solamente resuelto temporalmente las emergencias.
Gobierno depende de clínicas particulares
La secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza, acudió a escuchar las inconformidades y reconoció que los horarios asignados dependen de la disponibilidad de establecimientos privados contratados por el gobierno, debido a que estas unidades cuentan con pacientes propios y únicamente ofrecen los espacios que mantienen libres, explicación que confirma las limitaciones actuales para garantizar tratamientos suficientes dentro de la infraestructura pública.
La funcionaria sostuvo que la instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez consiste en garantizar la continuidad de los procedimientos independientemente del costo económico, además de buscar alternativas en diferentes regiones, sin embargo, el compromiso gubernamental enfrenta un cuestionamiento fundamental, porque asegurar una sesión médica resulta insuficiente cuando el paciente carece de dinero para trasladarse o debe regresar a su comunidad durante la madrugada.
Si una persona necesita tres tratamientos semanales y gasta mil pesos por cada traslado, su desembolso podría alcanzar aproximadamente 12 mil pesos mensuales, cantidad que representa una carga prácticamente insostenible para familias de escasos recursos, especialmente cuando también deben cubrir alimentación, medicamentos y otras necesidades derivadas de enfermedades crónicas.
Nueva unidad renal, solución todavía pendiente
Mientras persisten estas inconformidades, el IMSS-Bienestar anunció la próxima apertura del primer Centro Integral de Salud Renal en Toluca, prevista para la semana del 16 de noviembre, instalación que contará inicialmente con 27 sillones de atención, incluidos dos destinados a pacientes que requieren aislamiento, y que ofrecerá servicios especializados gratuitos a personas sin seguridad social.
El anuncio representa una ampliación de infraestructura, aunque todavía falta precisar cuántos pacientes podrán incorporarse, los horarios definitivos, los mecanismos de acceso y si la nueva unidad permitirá reducir los traslados nocturnos, particularmente porque la atención renal requiere continuidad durante semanas, meses o años.
La reunión celebrada entre manifestantes y autoridades dentro del Palacio de Gobierno abrió una posibilidad de negociación, pero no se ha confirmado públicamente un acuerdo definitivo que resuelva todas las demandas, por lo que resulta indispensable establecer compromisos verificables sobre horarios, transporte, funcionamiento de equipos y disponibilidad de tratamientos.
La crisis exige coordinación efectiva entre el gobierno estatal, la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar, además de transparencia sobre los contratos con clínicas privadas y los recursos destinados al mantenimiento hospitalario, porque para quienes dependen de una máquina para sobrevivir, cada sesión perdida representa un riesgo real y cada promesa incumplida puede tener consecuencias irreversibles.
