* La Sedena proyecta construir y equipar instalaciones militares en una zona residencial de Naucalpan, sin que se hayan esclarecido públicamente los alcances de las obras, sus posibles afectaciones vecinales ni los costos definitivos de las contrataciones……
Por Karina Rocha
La construcción y equipamiento de instalaciones militares en Tecamachalco, una de las zonas residenciales del municipio de Naucalpan, abre serios cuestionamientos sobre la planeación territorial, la convivencia entre infraestructura castrense y áreas habitacionales, la transparencia de los contratos y la responsabilidad de las autoridades frente a quienes viven en sus alrededores, particularmente cuando todavía no se conocen con precisión las dimensiones del proyecto ni sus posibles consecuencias para la población.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrió el procedimiento LA-07-110-007000999-T-694-2026, cuya presentación y apertura de propuestas fue programada para este 3 de noviembre, con un fallo previsto para el 23 del mismo mes, mientras los registros especializados presentan estimaciones de entre 2,6 y 15,8 millones de pesos, cantidades que no representan presupuestos oficiales ni contratos adjudicados.
El aspecto más delicado radica en que Tecamachalco no es una zona industrial aislada, sino un sector predominantemente residencial, donde cualquier ampliación de infraestructura militar requiere revisar cuidadosamente sus implicaciones urbanas, ambientales, viales y de seguridad.
Sin embargo, existe un elemento fundamental que debe aclararse, en Lomas de Tecamachalco ya funciona el Campo Militar Número 1-D, por lo que el procedimiento no demuestra necesariamente la instalación de una nueva base, sino que podría corresponder a edificios complementarios dentro de infraestructura existente.
¿Más instalaciones militares entre zonas habitacionales?
La existencia previa de instalaciones castrenses no elimina la obligación de explicar qué se pretende construir, cuál será la superficie intervenida y si las nuevas edificaciones modificarán las condiciones de operación del complejo, especialmente cuando alrededor existen viviendas, comercios, escuelas y vialidades utilizadas cotidianamente por la población.
Tampoco se ha establecido públicamente si el proyecto implicará mayor circulación de vehículos oficiales, transporte de materiales, maquinaria pesada, modificaciones de accesos o incrementos en las actividades operativas, circunstancias que deberían ser evaluadas antes de cualquier intervención de dimensiones relevantes.
Los habitantes tienen derecho a conocer si las obras pueden generar ruido, polvo, congestionamientos, restricciones de circulación o afectaciones a servicios públicos, sin que ello signifique desconocer las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas.
La pregunta es inevitable, ¿qué evaluaciones urbanas y medidas de mitigación respaldan estas intervenciones y cómo se garantizará que las necesidades militares sean compatibles con los derechos de los residentes?.
Contratos millonarios, información insuficiente
La dimensión financiera también exige explicaciones, porque las contrataciones federales no pueden quedar fuera del escrutinio ciudadano simplemente por estar relacionadas con instalaciones militares, particularmente cuando involucran recursos que deben ejercerse bajo criterios de legalidad, eficiencia y transparencia.
Resulta indispensable identificar las empresas participantes, los precios unitarios, las especificaciones de los bienes y trabajos contratados, las garantías exigidas y los mecanismos de supervisión, además de establecer si las distintas licitaciones relacionadas con el complejo corresponden a componentes separados.
Durante octubre se publicaron otros procedimientos vinculados con construcción y equipamiento de edificios de apoyo a cuarteles generales en Tecamachalco, situación que obliga a conocer el costo integral del proyecto y descartar posibles duplicidades presupuestales.
La existencia de varios expedientes no constituye evidencia de irregularidades, pero sí hace necesaria una revisión detallada de sus alcances, especialmente para distinguir entre construcción, equipamiento permanente y adquisición de bienes complementarios.
Vecinos merecen explicaciones
El gobierno municipal de Naucalpan y las autoridades competentes también tienen responsabilidades que deben aclararse, particularmente respecto de compatibilidad urbana, protección civil, movilidad y coordinación institucional, considerando las atribuciones federales aplicables a los inmuebles militares.
La Sedena debe precisar qué información puede difundirse sin comprometer la seguridad nacional, porque proteger determinados datos operativos no debería impedir la rendición de cuentas sobre contrataciones, obligaciones financieras y eventuales afectaciones a terceros.
Asimismo, corresponde determinar si existen estudios técnicos sobre el impacto de las intervenciones y si se contemplan mecanismos para informar a los residentes, atender inconformidades y reparar posibles daños derivados de los trabajos.
La seguridad nacional y la tranquilidad vecinal no tendrían por qué convertirse en intereses enfrentados, siempre que exista planeación, coordinación y respeto a las disposiciones aplicables.
Lo verdaderamente cuestionable sería avanzar en obras sin explicar suficientemente su alcance público, sus costos y las medidas previstas para proteger el entorno residencial.
Hasta ahora no hay elementos suficientes para afirmar que se construirá una nueva base militar fuera del complejo existente, ni que los procedimientos presenten irregularidades, pero la documentación identificada sí plantea preguntas que requieren respuestas institucionales precisas.
Porque construir y equipar instalaciones militares en Tecamachalco no puede reducirse a una decisión presupuestal, también exige justificar su compatibilidad con una zona habitacional, transparentar el gasto y garantizar que las necesidades de la Defensa Nacional no dejen sin respuestas a quienes viven alrededor.
