En un intento por mantener uno de los procedimientos judiciales que ha dado mayores resultados para la justicia mexicana, gobernadores de los 31 estados de la República y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se dirigieron a la ministra Norma Piña para pedirle que no sea retirada la prisión preventiva oficiosa del Código Penal.
Sin distinción de la Cuarta Transformación y los mandatarios de la oposición, todos los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) estuvieron de acuerdo en enviarle una petición para que la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie en contra de la desaparición de esta medida preventiva.
De ahí que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se sumó a la petición de los mandatarios que forman parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para evitar que se elimine la prisión preventiva oficiosa en el país.
Al compartir este pronunciamiento dirigido a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, la mandataria estatal se sumó a la solicitud de mantener la prisión preventiva
oficiosa, pues dijo, es una “figura vital para proteger a las víctimas y preservar la seguridad pública”.
“Como integrante de la CONAGO, he unido mi firma con la de todos los Gobernadores de México en un documento dirigido a la Ministra Presidenta de la SCJN, mediante el cual solicitamos mantener la prisión preventiva oficiosa, figura vital para proteger a las víctimas y preservar la seguridad pública”, compartió en su cuenta de X.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, en el Estado de México suman 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa.
Este pronunciamiento se da en calidad de amicus curiae, indicando el impacto que tendría esta determinación en materia de seguridad pública, particularmente en la seguridad de las personas
víctimas y testigos.
También se advierte un riesgo ante la culminación de procesos penales, que se siguen en contra de quienes han cometido delitos de alto impacto.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad
de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva ofciosa”, se lee en el documento.
También se lee que la prisión preventiva oficiosa es una medida necesaria en casos de delitos de alto impacto, donde otras medidas cautelares no resultan suficientes.
