Las pruebas son contundentes y preocupantes, sobre todo cuando estamos a unos cuanto meses de llevar a cabo el proceso electoral de 2024.
En seis meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador acumuló 51 denuncias ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, y no sólo eso, sino también la posible inscripción en un registro de servidores públicos que infringen la ley electoral, en el Tribunal, al final del proceso esas denuncias podrían servir para calificar la elección, pero el mandatario federal se prepara por si se da ese escenario.
Esta es la razón por la que autoridades electorales consideran que el jefe del Ejecutivo Federal reta lo dispuesto en la ley en la materia, pero su postura difiere: este 27 de marzo, el presidente afirmó que nunca ha infringido los lineamientos para respetar la equidad en la contienda electoral.
“Yo no lo hago, porque ya sería el colmo. Ayer, por ejemplo, prohíben que hable de oligarquía corrupta, y hay una realidad: el bloque conservador tiene secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y a la mayoría de los medios de información”, aseguró López Obrador.
Por esa razón, dijo, “ni modo que yo me quede callado, o sea, ya sería el colmo que el Presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular. Me gustaría que todo mundo saliera a votar, porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo”.
Ante tales aseveraciones, la respuesta inmediata llegó por parte de Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, quien respondió al señalamiento del presidente López Obrador sobre un posible plan para anular la elección sirviéndose de que estaría inscrito en un registro de infractores en el proceso electoral.
“No lo sabemos, simplemente se va a quedar el registro, hay posibilidades, a ver qué pasa en la calificación de las elecciones, que el Tribunal va a tener que retomar todo para decir cuáles son las condiciones que se requieren para que una elección sea válida. No es que se esté adelantando nada ni se esté preparando nada”, afirmó.
La consejera electoral añadió que “generalmente las elecciones se impugnan y si ya está la información sistematizada, asentada, pues ahí está, ya existe, ¿para qué efectos? No lo sé, pero existe la información”.
De igual manera, Zavala considera que más allá de lo que venga después de la elección hay un tema de mayor preocupación que está vigente.
“Aquí lo delicado es que a sabiendas de que la Constitución prohíbe que servidores públicos se metan en cuestiones electorales, varios servidores y servidoras públicas están reiterando esa conducta”, aseguró.
El jefe del Ejecutivo Federal apunta a las propias autoridades electorales como una oposición que va por afectar a su partido, pero él ha sido uno de los servidores públicos que ha repetido las faltas que reiteradamente señala el INE hasta llegar, finalmente, a violar la ley electoral.
“La conducta ahí está, las sentencias ahí están, la reiteración ahí está y no es que nadie esté preparando nada, son los hechos lo que está dejándose asentado (…) y un principio fundamental es la equidad en la contienda electoral”, recordó Zavala.
La consejera afirmó que la conducta de los funcionarios debe tener un sentido en la Constitución, por lo que “sí es delicado que se estén alejando de sus deberes constitucionales. En una democracia no se entiende una conducta que rete así a la Constitución y que descalifique a las autoridades que aplican la Constitución y las leyes”.
Ante las instituciones no hay justificación en torno a que no se tiene conocimiento sobre lo que no se puede decir en periodo electoral porque está establecido en la Constitución.
Y aunque el presidente insiste en que no incide en el proceso por no llamar a los partidos por su nombre o no decir directamente que se vote por Sheinbaum, sus mensajes en eventos públicos, la exposición de programas o logros de gobierno, todo con el uso de recursos públicos son motivo de alerta.
“A mí me parece que es una situación muy grave por dos situaciones: servidores públicos, las prohibiciones, y los límites están en la Constitución y surgieron y se regularon así en nuestro máximo consenso, que es la Constitución, por los reclamos de una elección donde se alegó por quien hoy ocupa el poder, por cierto, intervención de servidores públicos en las elecciones. Hubo la reforma y entonces son claros los límites, no es que no haya claridad”, recuerda la consejera Zavala.
Califica que es desafortunado que el servidor público de mayor jerarquía, es decir el presidente, “tenga una actitud en la que rete al Estado de derecho, eso es delicado de cualquier servidor público”.
El mensaje, indicó, es en sí que todos puedan desobedecer las leyes y a las instituciones que están dedicadas y obligadas a hacerlas cumplir, además de que la democracia no se entiende sin el Estado de derecho.
