* La separación de unos 200 policías por presuntas irregularidades pone bajo la lupa a los mandos de la Guardia Municipal……
La depuración de la Guardia Municipal de Naucalpan continúa exhibiendo problemas de corrupción y conductas indebidas dentro de la corporación, donde alrededor de 200 elementos han sido separados del servicio, mientras las autoridades enfrentan el desafío de esclarecer las responsabilidades de los mandos encargados de supervisar las actuaciones policiales.
El caso más reciente ocurrió en Ciudad Satélite, donde un elemento fue detenido por integrantes de la Policía Ética, después de que un ciudadano lo señalara por presuntamente solicitarle dinero, posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.
Sin embargo, el problema no se limita a una detención, pues durante los primeros ocho meses de funcionamiento de la Policía Ética se habían atendido cerca de 300 reportes ciudadanos relacionados con presuntas conductas indebidas de policías y agentes de tránsito.
Los mandos también deben rendir cuentas
Aunque el gobierno encabezado por Isaac Montoya Márquez ha informado sobre acciones para depurar la corporación, resulta indispensable conocer cuántas investigaciones concluyeron en sanciones administrativas, destituciones definitivas, denuncias penales o sentencias condenatorias.
También deberá esclarecerse qué mecanismos de supervisión existían, quiénes recibieron las denuncias y si los superiores jerárquicos detectaron oportunamente posibles irregularidades.
La gravedad del problema tiene antecedentes, como la sentencia de 40 años de prisión impuesta en 2025 a un exsubdirector de Seguridad Ciudadana por extorsión, caso que evidenció vínculos delictivos dentro de estructuras policiales de administraciones anteriores.
La existencia de mecanismos de denuncia y depuración constituye una herramienta institucional, pero sus resultados deben ser públicos y verificables.
Naucalpan necesita conocer no solamente cuántos policías fueron separados, sino también cuántas denuncias terminaron en sanciones y qué responsabilidades administrativas o penales pudieron corresponder a sus superiores, porque recuperar la confianza ciudadana exige resultados comprobables, transparencia y una vigilancia permanente sobre quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad pública.
