La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) Myrna Araceli García Morón, coincidió con la presidenta del Comité Coordinador y del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Estado de México, María Guadalupe Olivo Torres y el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Rodrigo Archundia Barrientos, respecto a que todo acto de corrupción vulnera los derechos humanos y la lucha contra ese delito es corresponsabilidad de todas las personas.
En el evento “¿Cómo vulnera la corrupción a los derechos humanos?” en el marco del Día Internacional y Estatal Contra la Corrupción, realizado en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESAEMM), García Morón aseguró que cada intervención pública para proteger el interés general de los ciudadanos en la prestación de un servicio que tiene su origen en el ejercicio, el respeto y la garantía de un derecho humano, tiene que ver indiscutiblemente con la misma tarea que hace el Organismo Defensor todos los días, que es tutelar en forma efectiva los derechos humanos para construir una sociedad más justa, más igualitaria y en paz.
La presidenta del Comité Coordinador y del CPC del Estado de México, María Guadalupe Olivo Torres, destacó que la ONU indicó que en esta conmemoración debemos tener como objetivo primordial el vínculo entre la lucha contra ésta y la paz, la seguridad y el desarrollo, así como concientizarnos de que la lucha contra la corrupción es un derecho y obligación de todos, ya que solo por medio de la cooperación e implicación de todas las personas se podrá superar su impacto negativo, es decir, los países, funcionarios públicos, medios de comunicación, los sectores público y privado, la sociedad civil, la academia y los jóvenes, tienen un papel que desempeñar, ya que ese delito es una causa del conflicto, inhibe procesos de paz, agrava la pobreza y financia conflictos armados.
Por su parte, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Rodrigo Archundia Barrientos, enfatizó que es el principal problema que aqueja a México y puede convertirse en un hábito perjudicial para todos, además, vulnera derechos humanos y afecta la credibilidad del gobierno en turno; “ser parte de un acto de corrupción significa un acto de transgresión y deteriora la confiabilidad en las instituciones”, por tanto, debe hacerse una lucha diaria y constante así como denunciar esas acciones.
Al impartir la conferencia magistral “Derecho administrativo sancionador con perspectiva de Derechos Humanos”, ante representantes de sistemas municipales anticorrupción, de órganos internos de control y autoridades en la materia, la titular de la Casa de la Dignidad y las Libertades, Myrna Araceli García Morón, agradeció por permitirle dar el posicionamiento sobre la vinculación entre derechos humanos y el anhelo de tener un ambiente libre de corrupción.
Tras hablar de la evolución de los derechos humanos y de la reforma constitucional de junio de 2011, explicó que todas las autoridades tienen cuatro obligaciones: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; así como obligaciones específicas de prevenir, investigar, sancionar y reparar, y aseguró que “el Sistema Anticorrupción en la parte de su constructo de responsabilidades administrativas le queda a deber a esta obligación. No es un sistema que repare…, apenas le vamos abriendo la puerta a lo que son en materia penal las víctimas, nos hace falta mucho por trabajar. Pero la parte de la reparación efectiva, esa tiene una tarea pendiente en este sistema”, precisó.
La presidenta de la CODHEM recordó que la ONU estableció cuatro elementos institucionales para confirmar si las autoridades cumplen con sus obligaciones genéricas y específicas: verificar si hay disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad; dijo que la prevención es la acción más importante porque busca satisfacer el servicio, la dignidad y necesidades de las personas, y la máxima que se debe tener tatuada en el servicio público, por el Estado y sus agentes es: “no violentar derechos humanos”, y aunque no está en la Constitución, se debe cumplir.
