* Fue en marzo de este año cuando la dependencia identificó 324 plazas vinculadas a Claves de Centro de Trabajo que no se encontraban vigentes o que incluso carecían de existencia dentro de la estructura educativa oficial……
Por Martha Romero
La investigación por la presunta venta de plazas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) alcanzó a dos funcionarios en activo en la administración estatal encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como a un exservidor público de la administración que encabezó Alfredo del Mazo Maza.
De acuerdo con las investigaciones, el expediente por la presunta venta de plazas involucra a diez funcionarios y exservidores públicos, por lo que entre las detenciones que elementos de la policía ministerial y de investigación llevaron a cabo la madrugada de este miércoles, se registra la de Óscar Guzmán Aragón, exsubsecretario de Administración durante el gobierno de Alfredo del Mazo.
A las detenciones se suman las de dos funcionarios en activo dentro de la administración estatal encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
El primero de ellos es Juan Alberto Pastrana López, quien se desempeñaba como delegado Administrativo de la Dirección General de Personal, dependencia vinculada con la administración de recursos humanos.
Además de Daniel Arturo Gómez López, actual titular de la Dirección de Administración y Servicios Escolares Básicos, área encargada de la gestión administrativa y de recursos en el subsistema de educación básica.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura de Guzmán Aragón se llevó a cabo a la 1:38 horas en el Fraccionamiento Condado del Valle, ubicado en la colonia Condado del Valle, en el municipio de Metepec.
Mientras que Pastrana López fue capturado a las 2:45 horas en un inmueble ubicado sobre Paseo Tollocan, además de que Gómez López fue detenido a las 5:40 horas en la delegación Capultitlán.
El reporte indica que después de cumplir con las certificaciones médicas y de identidad correspondientes, fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez.
Las acusaciones contra los detenidos apuntan a una presunta red de venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), una de las dependencias clave del gobierno estatal.
Hasta el momento, las identidades del resto de los detenidos no se ha difundido, pero se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) o las dependencias gubernamentales competentes, emitan un informe oficial que determine la situación jurídica de cada uno de los presuntos implicados y el grado de coparticipación en la asignación irregular de plazas entre el magisterio mexiquense.
En Marzo la SECTI detectó las irregularidades
Cabe señalar que fue el pasado mes de marzo cuando se dio a conocer la presunta red de “aviadores” dentro del sistema educativo estatal, luego de que la SECTI detectara irregularidades en el registro de personal docente que cobraba salarios sin desempeñar funciones en las escuelas.
Tras revisar los registros administrativos y la base de datos de nómina, la dependencia identificó 324 plazas vinculadas a claves de centro de trabajo (CCT) que no se encontraban vigentes o que incluso carecían de existencia dentro de la estructura educativa oficial, pero a pesar de ello los pagos se realizaban de manera periódica, lo que sugiere un posible desvío sistemático de recursos públicos.
Fue el 15 de abril cuando la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, confirmó la denuncia presentada por el secretario de la SECTI, Miguel Ángel Hernández Espejel por la venta de plazas de maestros, además de que ratificó su postura de combate a la corrupción y comprometió hacer una limpia.
Fuentes allegadas a la investigación, indicaron que el hecho sucedió en la pasada administración estatal y revelaron la existencia de al menos 70 plazas que les asignaron a supuestos funcionarios con un sueldo mayor a 120 mil pesos mensuales, sin trabajar o comisionados, incluso sindicalizados.
Todo se habría originado desde los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), aunque el caso involucra a la Coordinación de Delegaciones Administrativas de la secretaría de Educación, y alcanza a la Oficialía Mayor, pues son las áreas que tienen el control de la nómina y de la dispersión de pagos.
Por el caso, la FGJEM citó a declarar a diversos funcionarios estatales como parte de las investigaciones.