* GEM presume reducción de deuda pública; cifras federales y carga financiera exhiben otra realidad……
Por Martha Romero
El gobierno del Estado de México aseguró que su deuda pública se redujo a 58 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, sin embargo, un análisis más amplio de los datos financieros y reportes federales revela una narrativa incompleta, donde la aparente estabilidad convive con una presión financiera sostenida, altos costos por intereses y mecanismos que, lejos de disminuir el endeudamiento real, lo administran.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal, la entidad cerró 2025 con un saldo de 60 mil 522 millones de pesos y logró reducirlo a 58 mil 422 millones tras destinar cerca de 2 mil 100 millones entre enero y marzo, una cifra que en apariencia confirma disciplina financiera, pero que en el fondo evidencia un ritmo lento de amortización frente al tamaño de la deuda.
El propio informe reconoce que más de mil 256 millones de pesos pagados en el trimestre corresponden únicamente a intereses, lo que implica que una parte significativa del gasto no reduce el capital, sino que mantiene vigente el compromiso financiero, una dinámica que expertos han señalado como una de las principales debilidades en la estructura de la deuda estatal.
A esto se suma la composición del endeudamiento, más de 39 mil millones de pesos corresponden a banca comercial, mientras que más de 18 mil millones están vinculados a banca de desarrollo, principalmente con Banobras, lo que refleja una alta dependencia del sistema financiero y una exposición constante a condiciones de mercado.
Aunque la autoridad estatal sostiene que por tercer año consecutivo no se han contratado nuevos créditos, el discurso omite que la estrategia ha consistido en refinanciamientos, reestructuras y coberturas financieras que, si bien no incrementan formalmente el sal-do, sí generan compromisos adicionales en el mediano plazo.
Un ejemplo claro es la contratación de un instrumento financiero para blindar la deuda por hasta 16 mil millones de pesos, con un plazo de hasta mil 800 días, mecanismo que busca proteger contra variaciones en tasas de interés, pero que también implica costos adicionales y evidencia la vulnerabilidad del esquema ante condiciones económicas cambiantes.
Además, el Paquete Fiscal 2026 establece que más de 7 mil 138 millones de pesos se destinarán exclusivamente al pago de intereses, comisiones y gastos asociados, lo que confirma que una parte sustancial del presupuesto seguirá comprometida en cubrir el costo del financiamiento, limitando la capacidad de inversión en otros rubros.
A nivel federal, reportes de la Secretaría de Hacienda han señalado que el Estado de México se mantiene entre las entidades con mayor nivel de endeudamiento absoluto en el país, lo que contradice la narrativa local de estabilidad, ya que aunque el saldo no crece de forma acelerada, tampoco presenta una reducción significativa en términos estructurales.
La Ley de Disciplina Financiera establece parámetros de sostenibilidad que el gobierno estatal afirma cumplir, sin embargo, estos indicadores se basan en proporciones respecto a ingresos y no necesariamente reflejan la presión real que la deuda ejerce sobre el gasto público.
En términos prácticos, la entidad continúa destinando miles de millones de pesos cada año para cumplir con obligaciones financieras heredadas, en un contexto donde la reducción del saldo es marginal frente al volumen total del adeudo.
El discurso oficial insiste en que el endeudamiento se mantiene bajo control, pero los datos muestran que la estrategia no ha sido re-ducir la deuda, sino administrarla, extendiendo plazos, cubriendo riesgos y manteniendo pagos constantes que impiden una disminución sustancial del capital.
A esto se suma un factor clave, la falta de transparencia detallada sobre condiciones específicas de contratos, tasas efectivas y costos reales de los instrumentos financieros utilizados, lo que dificulta evaluar con precisión el impacto total del endeudamiento en las finanzas estatales.
Mientras tanto, el gobierno proyecta que al cierre del año la deuda no rebasará los límites establecidos, pero esa meta no necesariamente implica una mejora en la salud fi-nanciera, sino el cumplimiento de parámetros mínimos que permiten sostener la operación sin modificar el fondo del problema.
En este escenario, la aparente reducción de poco más de 2 mil millones de pesos en un trimestre pierde relevancia frente a una deuda que se mantiene cercana a los 60 mil millones y que sigue generando costos elevados.
La realidad es que el Estado de México no ha logrado disminuir de forma significativa su deuda pública, solo ha evitado que crezca de manera descontrolada, en una estrategia que privilegia la estabilidad inmediata sobre la reducción estructural.
Así, la narrativa de disciplina financiera se sostiene en cifras parciales, mientras la presión presupuestal continúa, los intereses se acumulan y la deuda, aunque contenida, sigue siendo uno de los principales lastres para las finanzas estatales, en un contexto donde el margen de maniobra sigue siendo limitado y donde cualquier cambio en las condiciones económicas podría volver a tensionar el equilibrio financiero de la entidad.
