* Se acumulan cuestionamientos y falta de claridad institucional……
Por Mary González
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México vuelve a colocarse en el centro de la controversia pública, no por resultados, sino por los señalamientos que persisten sobre su operación interna, particularmente en torno a su titular, Karina Labastida Sotelo, cuya gestión enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en procesos de contratación vinculados a programas de asistencia social y apoyo alimentario, en un contexto donde la transparencia debería ser innegociable pero sigue siendo un pendiente.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el tema no pudo evitarse, la pregunta fue directa, si existen investigaciones sobre las denuncias que circulan en torno al DIF mexiquense, la respuesta, sin embargo, fue más institucional que esclarecedora, al señalar que cualquier indagatoria corresponde a las autoridades estatales, una postura que, aunque jurídicamente correcta, deja en el aire la percepción de que nadie asume de forma inmediata la responsabilidad de aclarar los hechos.
Señalamientos que no se disipan
Las acusaciones giran en torno a posibles inconsistencias en la asignación de contratos, un tema particularmente delicado cuando se trata de recursos destinados a sectores vulnerables, porque no se trata solo de cifras, sino de apoyos que impactan directamente en la alimentación y bienestar de miles de familias, el problema no es únicamente la sospecha, sino la falta de información clara que permita confirmar o descartar irregularidades.
A pesar de la difusión de estos señalamientos en distintos espacios, no existe hasta ahora un posicionamiento contundente por parte del organismo ni de autoridades estatales que detalle el estado real de la situación, esta ausencia de comunicación alimenta la incertidumbre y fortalece la percepción de opacidad, en un momento donde la exigencia ciudadana apunta precisamente a lo contrario.
Reacción política y presión legislativa
El caso no ha pasado desapercibido en el ámbito legislativo, la senadora Laura Barrera Fortoul ha solicitado públicamente claridad sobre los hechos, al insistir en la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia dentro del DIF estatal, su postura pone sobre la mesa un punto clave, los programas sociales no pueden operar bajo la sombra de la duda, menos aún cuando están dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad.
La exigencia de rendición de cuentas no es menor, implica revisar no solo los procesos de contratación, sino la forma en que se supervisa el uso de recursos públicos, porque cualquier irregularidad en este ámbito no solo representa una falla administrativa, también constituye una afectación directa a quienes dependen de estos apoyos para su vida diaria.
Silencio institucional
Uno de los elementos más críticos del caso es la falta de información oficial sobre posibles investigaciones, hasta ahora, no se ha confirmado la apertura de procedimientos formales ni se han dado detalles sobre auditorías o revisiones internas, este silencio institucional contrasta con la magnitud de los señalamientos y genera un vacío que termina siendo ocupado por especulación y desconfianza.
La ausencia de una postura clara también pone en entredicho la capacidad de reacción de las autoridades estatales, porque en temas de esta naturaleza el tiempo es un factor clave, mientras más se prolonga la incertidumbre, mayor es el desgaste institucional y más difícil resulta recuperar la credibilidad.
Más allá del caso individual
Aunque los señalamientos se centran en la figura de Karina Labastida, el problema trasciende a una persona, se trata de un cuestionamiento estructural sobre el funcionamiento de una institución clave en la política social del Estado de México, el DIFEM no solo administra recursos, también representa una red de apoyo para sectores que difícilmente pueden acceder a alternativas.
Por ello, cualquier duda sobre su operación impacta directamente en la confianza ciudadana, la percepción de irregularidades en programas sociales tiene un efecto multiplicador, no solo erosiona la imagen de una administración, también debilita la legitimidad de las políticas públicas que buscan atender desigualdades.
La deuda pendiente
El caso sigue abierto en términos políticos y sociales, aunque no exista una investigación confirmada, la presión pública ya está instalada, lo que sigue dependerá de la capacidad de las autoridades para responder con información verificable, auditorías claras y, en su caso, sanciones correspondientes.
Porque en un contexto donde la narrativa oficial insiste en el combate a la corrupción, los silencios pesan más que los discursos, y la falta de claridad termina siendo, por sí misma, un mensaje.
El DIFEM enfrenta hoy no solo un cuestionamiento, sino una prueba de credibilidad, una que no se resolverá con declaraciones generales, sino con hechos concretos, transparencia real y rendición de cuentas efectiva, condiciones que hasta ahora siguen sin aparecer con la contundencia que el caso exige.
