* La elección para renovar los 125 ayuntamientos y el Congreso mexiquense inicia con 95 expedientes por presuntas irregularidades y una advertencia nacional sobre el riesgo de infiltración del crimen organizado……
Por Karina Libien
El Estado de México entra formalmente a la ruta electoral de 2027 con una paradoja difícil de ignorar, todavía faltan meses para que comiencen las campañas y la disputa política ya dejó señales de adelantamiento, promoción personalizada, denuncias y una creciente preocupación por la posibilidad de que intereses criminales busquen influir en candidaturas y gobiernos municipales, el proceso que culminará en las urnas el 6 de junio del próximo año no comienza precisamente con una hoja en blanco, sino con 95 expedientes relacionados con posibles infracciones electorales acumulados antes del arranque formal de la contienda.
La elección mexiquense tendrá dimensiones suficientes para convertir a la entidad en uno de los territorios políticos más disputados del país, estarán en juego las 75 diputaciones que integrarán la próxima Legislatura, 45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional, además de los gobiernos de los 125 municipios, donde deberán elegirse 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías, en total, solamente en los ayuntamientos estarán en disputa mil 216 cargos.
A ello se suma un padrón electoral superior a los 13 millones de ciudadanos y una estimación de más de 17 mil candidaturas, una dimensión que convierte la vigilancia del proceso en un desafío mayúsculo y que obliga a colocar la atención no solamente sobre quién ganará cada municipio, sino sobre quiénes llegarán a las boletas.
La carrera comenzó antes del silbatazo
El primer foco rojo está precisamente en las irregularidades denunciadas antes de que arrancara formalmente la competencia, el IEEM acumulaba al 4 de septiembre 95 expedientes por posibles infracciones, de los cuales 74 corresponden a procedimientos sancionadores, mientras 14 están relacionados con violencia política, principalmente en razón de género.
Los actos anticipados de campaña y la promoción personalizada se encuentran entre las conductas que más denuncias han provocado, bardas, publicaciones en redes sociales, eventos públicos y estrategias utilizadas para posicionar nombres e imágenes forman parte de una batalla política que comenzó mucho antes de los tiempos establecidos legalmente.
El dato resulta todavía más significativo porque las quejas registraron un incremento de 71 por ciento entre junio y julio, una tendencia que anticipa que el volumen de denuncias podría aumentar conforme avance la definición de candidaturas.
Hasta ahora, 32 de los expedientes ya fueron enviados al Tribunal Electoral del Estado de México para su resolución, pero el problema trasciende el número de procedimientos, la verdadera interrogante será determinar si las sanciones llegan oportunamente y tienen capacidad suficiente para impedir que violar las reglas resulte electoralmente rentable.
El crimen organizado entra en la agenda electoral
Pero la elección de 2027 enfrenta una amenaza todavía más delicada, el riesgo de infiltración del crimen organizado en las candidaturas dejó de ser una advertencia marginal para convertirse en una preocupación reconocida por las propias autoridades electorales y el Gobierno federal.
A nivel nacional se prepara un mecanismo para identificar zonas de mayor riesgo y determinar dónde será necesario reforzar la presencia de la Guardia Nacional durante el proceso electoral, paralelamente, se plantea revisar perfiles de aspirantes mediante información de instituciones de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera.
Los partidos podrán entregar listas de candidatos para que sean analizadas y detectar posibles riesgos relacionados con delincuencia organizada u otros delitos, en estas revisiones podrían intervenir instancias como fiscalías, autoridades financieras, seguridad pública e inteligencia.
Sin embargo, existe una debilidad evidente, la revisión será voluntaria y la decisión final sobre mantener una candidatura continuará en manos de los partidos políticos, es decir, el mecanismo pretende encender alertas, pero carece de facultades suficientes para impedir por sí mismo que una persona señalada llegue a competir.
Los municipios, el verdadero campo de batalla
En el Estado de México esta discusión adquiere una dimensión particular porque los municipios representan el nivel de gobierno donde la presión criminal puede resultar más directa, contratos de obra pública, seguridad municipal, comercio, transporte, mercados, permisos, desarrollo urbano, manejo de residuos y múltiples actividades económicas pasan por los ayuntamientos.
Por ello, controlar políticamente una presidencia municipal puede representar mucho más que ganar una elección.
La experiencia nacional ha demostrado que la violencia electoral se concentra especialmente en las disputas locales, durante el proceso de 2024 fueron documentadas decenas de asesinatos de candidatos, además de atentados, amenazas, secuestros y otras agresiones, un antecedente que obliga a mirar la elección mexiquense con especial cuidado.
La delincuencia organizada no necesita necesariamente colocar directamente a uno de sus integrantes en una candidatura, puede financiar, intimidar, imponer, negociar, amenazar o eliminar adversarios, por ello la vigilancia tendrá que comenzar mucho antes de las campañas.
Una elección bajo la lupa
El proceso mexiquense entra así en una etapa donde la legalidad deberá demostrar que puede caminar al mismo ritmo que la política, las precampañas para diputaciones y ayuntamientos están programadas del 21 de enero al 12 de febrero de 2027, mientras las campañas comenzarán el 29 de abril y concluirán el 2 de junio, cuatro días antes de la jornada electoral. Pero la competencia, en los hechos, ya comenzó.
Los 95 expedientes acumulados antes del banderazo formal son la primera advertencia, la segunda es la preocupación nacional por la infiltración criminal, ambas colocan frente al IEEM, los partidos y las autoridades de seguridad una responsabilidad que va mucho más allá de instalar casillas y contar votos.
El verdadero desafío será garantizar que los mexiquenses puedan elegir entre candidatos que respeten las reglas y que ninguna candidatura llegue condicionada por intereses ajenos a los ciudadanos, porque si la elección comienza con denuncias por adelantamiento y termina permitiendo la penetración de grupos criminales, la democracia podrá cumplir perfectamente con el calendario, pero habrá fallado en lo fundamental.
