Por Mireya Alvarez
El proceso electoral de 2027 en el Estado de México se perfila como uno de los más complejos de los últimos años, con una proyección de al menos 16 mil candidaturas para ayuntamientos y diputaciones locales, cifra que podría incrementarse significativamente si se suman los aspirantes a cargos del Poder Judicial, donde se prevé la participación de más de dos mil personas.
La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, señaló que este volumen de registros representa un reto operativo considerable, especialmente en la etapa de revisión de documentación, uno de los momentos más críticos del proceso electoral.
Ante este escenario, destacó la importancia de adelantar el inicio del proceso electoral a septiembre, lo que permitirá al instituto contar con plazos más amplios para organizar, revisar y validar las candidaturas, evitando saturaciones y posibles errores administrativos que puedan comprometer la legalidad de la contienda.
Este ajuste responde a una iniciativa impulsada en el Congreso mexiquense por legisladores de Morena, PT y PVEM, quienes buscan armonizar el calendario estatal con el federal, además de introducir cambios relevantes como la prohibición del nepotismo y la reelección a partir de 2030, así como la revisión de salarios de autoridades electorales.
Uno de los factores que incrementará la carga de trabajo del IEEM es la posible participación de un nuevo partido político en la entidad, lo que ampliaría la oferta electoral y elevaría el número de candidaturas registradas, generando mayor competencia pero también mayores exigencias logísticas.
A pesar de la magnitud del proceso, el instituto electoral ha dejado claro que no solicitará recursos adicionales para su organización, por lo que deberá optimizar sus capacidades técnicas y operativas para hacer frente a uno de los procesos más grandes en la historia reciente del Estado de México.
El reto no solo será administrativo, sino también político, en un contexto donde la pluralidad crece y la exigencia ciudadana por elecciones transparentes y equitativas es cada vez mayor, el éxito del proceso dependerá en gran medida de la capacidad institucional para garantizar certeza, legalidad y confianza en cada una de sus etapas.
