Por Mireya Álvarez
El Estado de México apareció entre las entidades del país con mayores niveles de percepción ciudadana sobre actos de corrupción, al registrar alrededor de 17 mil 899 experiencias por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Con un nivel cercano al 89 por ciento, la entidad mexiquense ocupó el séptimo lugar nacional en este indicador, mientras que Michoacán y Baja California encabezaron la clasificación con porcentajes de 89.4 y 89.3 por ciento, respectivamente.
El reporte, correspondiente al último trimestre de 2025, también ubicó al Estado de México entre las cinco entidades que reportaron un aumento porcentual en la prevalencia de corrupción respecto a 2023, periodo que coincide con el inicio de la administración estatal encabezada por Delfina Gómez.
La medición se realizó entre personas de 18 años y más que habitan en zonas urbanas con al menos 100 mil habitantes, y forma parte de los estudios que el INEGI desarrolla para evaluar temas relacionados con gobernanza, confianza institucional, calidad de servicios públicos y experiencias vinculadas con corrupción.
A nivel nacional, la ENCIG reveló que la incidencia de actos de corrupción pasó de 25 mil 394 casos por cada 100 mil habitantes en 2023 a 27 mil 438 en 2025, lo que representa un incremento en comparación con la medición anterior.
En materia de salud, la encuesta reflejó además un bajo nivel de aceptación ciudadana hacia el esquema IMSS-Bienestar, implementado actualmente en 23 estados del país. Según el documento, únicamente 47 por ciento de los encuestados manifestó satisfacción con dicho modelo, entre ellos habitantes del Estado de México.
El estudio también identificó a las corporaciones policiales como la institución con mayor percepción de corrupción entre la ciudadanía.
Finalmente, en la lista le siguieron los partidos políticos, ministerios públicos y fiscalías estatales, gobiernos de las entidades, las cámaras de Diputados y Senadores, ayuntamientos, el gobierno federal, jueces y magistrados, medios de comunicación y empresarios.
