Legisladoras advierten sobre delitos, desapariciones y una deuda superior a 60 mil millones de pesos, mientras persisten rezagos en servicios públicos.
Durante la glosa del tercer informe de Gobierno del Estado de México, diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron los resultados en seguridad pública y el manejo de las finanzas estatales, al advertir que persisten problemas de inseguridad, desapariciones, endeudamiento y deficiencias en servicios esenciales.
La diputada Joanna Felipe Torres aseguró que nueve de cada diez mexiquenses sienten temor de vivir en la entidad y que la percepción de inseguridad aumentó dos puntos porcentuales durante 2026, respecto al año anterior.
Al cuestionar al secretario de Seguridad estatal, señaló que el Estado de México encabeza las cifras nacionales en diversos delitos que afectan directamente a la población, entre ellos robos a viviendas, negocios, transportistas, vehículos y transeúntes, además de violencia familiar, lesiones, violación, abuso y acoso sexual.
La legisladora sostuvo que la entidad ocupa el segundo lugar nacional en personas desaparecidas y no localizadas, mientras que durante la actual administración, hasta agosto de 2026, se contabilizaron cerca de cuatro mil 400 homicidios dolosos y más de tres mil 900 personas desaparecidas y no localizadas.
Felipe Torres exigió resultados concretos contra la extorsión y los robos al transporte público y de carga, al señalar que los mexiquenses necesitan justicia, seguridad y tranquilidad, no solamente estadísticas oficiales.
Deuda pública supera los 60 mil millones
Por otra parte, la diputada Alexia Dávila Sánchez cuestionó al secretario de Finanzas sobre las obligaciones financieras del Estado de México, cuyo monto supera los 60 mil millones de pesos, de acuerdo con las cifras que presentó.
Advirtió que este endeudamiento obliga a revisar los intereses, las condiciones de contratación, los refinanciamientos y sus consecuencias sobre los presupuestos futuros.
La legisladora sostuvo que la administración estatal debe garantizar un ejercicio responsable, transparente y eficiente de los recursos públicos, especialmente ante los rezagos que enfrentan numerosos municipios.
Señaló que problemas relacionados con agua potable, bacheo, infraestructura vial, conectividad, seguridad, educación y salud requieren inversiones efectivas y resultados verificables.
Finalmente, ambas legisladoras insistieron en que los informes gubernamentales deben traducirse en mejoras tangibles para la población, mediante acciones y políticas públicas que respondan a las necesidades de los mexiquenses.
