Por Karina A. Rocha Priego
Mientras el gobierno mexiquense exhibe avances financieros, siete contratos millonarios, la crisis del ISSEMYM, cárceles saturadas, hospitales deteriorados y obras pendientes revelan la distancia entre discursos oficiales y necesidades ciudadanas.
Las finanzas que nadie quiere explicar
En el Estado de México comienza a resultar verdaderamente preocupante que las autoridades celebren la disciplina presupuestal mientras aparecen compromisos multimillonarios, instituciones financieramente presionadas y servicios públicos incapaces de responder satisfactoriamente a las necesidades ciudadanas, porque una cosa es presentar balances favorables ante el Congreso y otra de mostrar que el dinero de los mexiquenses está produciendo resultados.
La comparecencia del secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, dejó una revelación que debería provocar una revisión profunda, siete contratos de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos para la Prestación de Servicios representan compromisos globales por aproximadamente 51 mil millones de pesos, con pagos anuales cercanos a 6 mil millones.
Lo escandaloso no es solamente el monto, sino que el propio gobierno reconoce cláusulas desfavorables que complican su terminación, circunstancia que obliga a preguntar quién negoció semejantes condiciones, quién autorizó comprometer recursos durante años y quién vigiló que las empresas cumplieran sus obligaciones.
A junio de 2026 permanecían aproximadamente 5 mil 800 millones de pesos de inversión por amortizar, cantidad que debe distinguirse de los pagos por servicios, operación y financiamiento, pero cuya relación con las anualidades exige explicaciones precisas.
La administración de Delfina Gómez heredó estos instrumentos, pero ahora tiene la responsabilidad de transparentarlos y corregir sus condiciones, porque culpar exclusivamente al pasado no constituye una solución financiera.
Pensiones amenazadas y hospitales deteriorados
Otro problema de enormes dimensiones aparece en el ISSEMYM, donde Finanzas reconoció una presión económica de 22 mil millones de pesos y planteó disminuirla a 7 mil 500 millones durante 2027, sin presentar públicamente un desglose suficiente que permita entender semejante reducción.
¿De dónde saldrán los recursos?, ¿qué obligaciones serán reestructuradas?, ¿qué garantías tendrán trabajadores y jubilados de que sus pensiones y servicios médicos no resultarán afectados?.
Son preguntas indispensables cuando miles de familias dependen de una institución cuya estabilidad financiera no puede medirse únicamente mediante anuncios presupuestales.
Mientras tanto, el desprendimiento de parte del techo en Urgencias del Hospital General Regional 220 del IMSS vuelve a colocar sobre la mesa otro asunto delicado, quién revisa las instalaciones hospitalarias, cuánto se invierte en mantenimiento y qué controles existen para prevenir riesgos.
Aunque el IMSS pertenece al ámbito federal, la seguridad de sus pacientes y trabajadores también debe preocupar a quienes gobiernan la entidad.
Cárceles llenas, soluciones pendientes
La crisis penitenciaria tampoco admite discursos complacientes, con centros de reclusión que enfrentan sobrepoblación y proyectos de ampliación que llegan cuando el problema acumula años de deterioro.
Se plantea invertir alrededor de 400 millones de pesos para ampliar instalaciones, mientras la Federación contempla construir otro centro penitenciario, pero falta precisar cuántos espacios se crearán, dónde estarán ubicados y cuándo comenzarán a funcionar.
La pregunta resulta incómoda, ¿de qué sirve anunciar operativos con cientos de detenidos si el sistema penitenciario carece de capacidad suficiente para garantizar condiciones dignas, seguridad y reinserción social?.
Fideicomisos: ¿dinero disponible o cuentas olvidadas?
La posible extinción de 19 fideicomisos públicos abre otro expediente que merece atención inmediata, porque antes de desaparecerlos sería indispensable conocer sus saldos, gastos administrativos, beneficiarios y compromisos pendientes.
No puede asegurarse que existan recursos abandonados, pero tampoco resulta aceptable pretender cerrar instrumentos financieros sin presentar un inventario público que explique dónde terminará cada peso.
Aquí el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y el Congreso tienen una responsabilidad fundamental, investigar, exigir documentos y evitar que las comparecencias se conviertan en ceremonias donde abundan explicaciones, pero escasean consecuencias.
Viviendas sin agua, obras sin respuestas
El anuncio de 40 mil nuevas viviendas merece celebrarse solamente si está acompañado de infraestructura hidráulica, drenaje, movilidad y servicios suficientes.
Construir casas sin garantizar previamente condiciones adecuadas significa trasladar los problemas de hoy a las familias de mañana.
El Plan Oriente, con avances físicos reportados y una inversión multimillonaria, enfrenta el mismo desafío, demostrar resultados por municipio, transparentar recursos ejercidos y comprobar que las obras responden a necesidades reales.
Porque los porcentajes de avance no sustituyen el agua que falta, las calles deterioradas ni los servicios que esperan miles de habitantes.
La gobernadora Delfina Gómez tiene frente a sí una oportunidad para exigir cuentas a quienes administraron anteriormente estos compromisos, pero también para demostrar que su gobierno puede corregirlos.
Y conviene recordar algo que los funcionarios parecen olvidar cuando comparecen ante el Congreso, la responsabilidad pública no termina al presentar números, comienza cuando deben explicar qué hicieron con el dinero y por qué los resultados siguen siendo insuficientes.
Los mexiquenses no necesitan otra colección de promesas financieras, necesitan contratos transparentes, hospitales seguros, pensiones garantizadas, cárceles funcionales y servicios públicos que correspondan a los impuestos que pagan.
Porque gobernar no consiste en presumir millones, sino en demostrar dónde quedaron y a quién beneficiaron.
