* Pedir participación de madres y padres puede fortalecer las escuelas, pero también corre el riesgo de trasladarles responsabilidades que corresponden al gobierno……
Por Mary González
Las escuelas públicas necesitan comunidades participativas, padres atentos y familias involucradas en la educación de sus hijos, de eso difícilmente puede existir discusión, el problema comienza cuando esa participación se convierte en la fórmula para cubrir carencias que deberían ser atendidas con presupuesto, planeación y responsabilidad gubernamental.
El llamado de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México para que madres y padres se involucren más en las necesidades de los planteles merece, por ello, una lectura crítica.
Su titular, Miguel Ángel Hernández Espejel, sostuvo que la solución no debe concentrarse únicamente en las llamadas “cuotas” escolares, sino en una participación más directa de las familias mediante jornadas de limpieza, campañas y otras actividades comunitarias.
El planteamiento puede parecer razonable, pero deja una pregunta incómoda: ¿por qué las familias tendrían que aportar trabajo para resolver deficiencias materiales de escuelas públicas que son responsabilidad del Estado?.
Participar no significa mantener escuelas
Existe una enorme diferencia entre participar en la educación de los hijos y convertirse en una extensión gratuita de las áreas de mantenimiento gubernamental.
Madres y padres pueden colaborar en actividades culturales, deportivas, educativas y comunitarias, asistir a reuniones, acompañar el desempeño académico y participar en decisiones escolares, pero otra cosa es esperar que limpien, reparen, acondicionen o aporten recursos para que los planteles funcionen adecuadamente.
Las familias ya contribuyen al sostenimiento del Estado mediante impuestos y enfrentan, además, gastos relacionados con uniformes, útiles, transporte, alimentación, calzado y materiales escolares.
Por eso resulta cuestionable que, frente a escuelas con múltiples necesidades, la respuesta institucional incluya pedir todavía mayor participación para subsanar problemas materiales.
El propio secretario reconoció que existen numerosas necesidades y que las autoridades no pueden resolverlas solas. Precisamente ahí se encuentra el punto más delicado: si el gobierno admite que no cuenta con capacidad suficiente para atender los planteles, debería explicar qué falta, cuánto cuesta resolverlo y qué estrategia presupuestal existe, no simplemente trasladar parte del esfuerzo hacia las familias.
La colaboración ciudadana debe ser complementaria, nunca sustitutiva.
Cuotas, el problema que permanece
El asunto resulta todavía más sensible cuando aparecen las cuotas escolares.
Aunque oficialmente se insiste en que la educación pública es gratuita y Hernández Espejel no planteó las aportaciones económicas como solución, en numerosos planteles las necesidades cotidianas terminan colocando a las sociedades de padres frente a decisiones complicadas.
Cuando falta mantenimiento, pintura, limpieza o algún insumo indispensable, alguien termina pagando o realizando el trabajo.
Ahí surge una desigualdad evidente.
Una escuela ubicada en una comunidad donde las familias tienen mayores ingresos puede conseguir recursos con relativa facilidad, mientras otra situada en una zona vulnerable enfrenta mayores dificultades. El resultado puede ser perverso: la calidad material de una escuela pública termina dependiendo parcialmente de la capacidad económica o disponibilidad de tiempo de los padres de familia.
Eso contradice el principio de equidad que debería sostener al sistema educativo.
Además, hablar de participación sin establecer límites claros puede abrir espacios para presiones indebidas. Una colaboración voluntaria deja de serlo cuando una familia siente que debe pagar, limpiar, pintar o realizar determinadas actividades para evitar señalamientos dentro de la comunidad escolar.
La autoridad educativa debería ser especialmente cuidadosa en este terreno.
Primero, cuentas claras
Si las escuelas mexiquenses tienen carencias, el gobierno estatal tendría que presentar un diagnóstico transparente sobre infraestructura, mantenimiento y servicios.
¿Cuántos planteles necesitan reparaciones?, ¿cuántos presentan problemas sanitarios, eléctricos o hidráulicos?, ¿cuánto presupuesto existe para mantenimiento?, ¿cómo se distribuye?, ¿qué necesidades serán atendidas durante el ciclo escolar y cuáles quedarán pendientes?.
Sin respuestas claras, solicitar más participación social puede interpretarse como una salida fácil frente a un problema estructural.
El secretario también aseguró que el seguro escolar protege a los estudiantes desde que salen de sus hogares hasta que regresan, una garantía importante para las familias, pero la seguridad educativa no termina con contar con una póliza ante accidentes.
También significa disponer de instalaciones dignas, sanitarios funcionales, agua, espacios seguros y mantenimiento permanente.
La participación de madres y padres es indispensable en la formación de niñas, niños y adolescentes, pero no debe convertirse en mano de obra para compensar insuficiencias presupuestales ni en una nueva versión de las cuotas disfrazada de corresponsabilidad.
Las familias pueden ayudar a mejorar una escuela; lo que no deberían hacer es sustituir al gobierno.
Antes de pedirles más tiempo, trabajo o recursos, la autoridad educativa tiene la obligación de demostrar que está haciendo plenamente la parte que le corresponde.
