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EE. UU. presenta cargos contra el “R1” y “R2”, del CJNG, por narcotráfico

Un jurado federal en Washington, D.C., presentó cargos contra los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, identificados como el “R1” y el “R2”, presuntos mandos regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas de fuego.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos son señalados de conspirar para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina con el objetivo de introducirlas al mercado estadounidense.

La acusación sostiene que los hermanos Álvarez Ayala participaron en una conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina entre 2004 y diciembre de 2023.

Además, las autoridades estadounidenses los señalan de utilizar, portar, exhibir y disparar armas de fuego, incluidas ametralladoras, para facilitar las operaciones de la organización criminal.

De ser encontrados culpables, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, así como la posibilidad de recibir hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, fue detenido por fuerzas federales mexicanas a finales de julio de 2026 en Jalisco y actualmente permanece bajo prisión preventiva.

Su hermano, Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, continúa prófugo y es buscado por las autoridades.

Las autoridades identifican a Ramón Álvarez Ayala como el principal líder de “Los Rs”, una célula del CJNG con operaciones en Michoacán y Jalisco.

Además, ha sido señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Por su parte, Rafael Álvarez Ayala es identificado como uno de los principales operadores de la organización junto a su hermano, con funciones relacionadas con la coordinación regional y el manejo de recursos del grupo criminal.

Los cargos se presentan en medio de la estrategia estadounidense contra el CJNG, organización que fue designada como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025.

El Departamento de Justicia aseguró que el caso forma parte de los esfuerzos para desmantelar las estructuras de mando de los cárteles mexicanos.

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