* CURP biométrica llegará a Edomex este 15 de octubre, y con ella, la vigilancia total disfrazada de modernización……
Por Mary González
El Estado de México se convertirá en el primer territorio del país donde el gobierno activará de forma obligatoria la CURP biométrica a partir del próximo 15 de octubre, bajo un discurso de eficiencia e innovación, lo que se esconde detrás es una medida profundamente invasiva que representa un avance directo hacia un modelo de vigilancia estatal sobre sus ciudadanos, con poca transparencia, sin garantías suficientes y con consecuencias graves para los derechos humanos más básicos.
La llamada CURP biométrica es la nueva versión de la Clave Única de Registro de Población, pero ya no es solo un código alfanumérico, ahora será un documento digital que incluirá fotografía facial, huellas dactilares, firma digital, e incluso escaneo de iris en algunas versiones futuras, este nuevo formato será requerido para trámites escolares, bancarios, médicos, laborales, fiscales y de seguridad social, lo que significa que quienes no se sometan a la recolección de sus datos biométricos quedarán excluidos de servicios esenciales.
Estamos frente a la creación del archivo más grande de información personal sensible en la historia del Estado de México, con escasa supervisión ciudadana y escudos legales débiles, entregar nuestros datos biométricos al gobierno significa ceder una parte irrepetible de nuestra identidad, estos datos no se pueden cambiar, no se pueden modificar y no se pueden reemplazar si son robados, mal gestionados o usados de forma indebida.
La narrativa oficial sostiene que esta medida busca evitar fraudes, suplantación de identidad o duplicidad de registros, pero omite un detalle esencial, la biometría no es una simple medida administrativa, es un instrumento de control, una vez que el gobierno tenga centralizados nuestros rostros, huellas, firmas e historiales de vida, también tendrá la capacidad de rastrear, bloquear o condicionar nuestro acceso a servicios, esto no es paranoia, es historia contemporánea, en muchos países donde se ha impuesto este tipo de identificación forzada, han venido después formas de exclusión digital, censura encubierta y perfilamiento político.
Las autoridades aseguran que la recolección será segura, sin embargo, en México no existe una legislación robusta ni mecanismos técnicos confiables que aseguren la protección de este tipo de información, ya ha habido filtraciones masivas de bases de datos como el padrón electoral, plataformas bancarias y registros de salud, ¿qué nos hace pensar que ahora será diferente?, el hecho de que los datos biométricos estén centralizados por RENAPO y distribuidos a través de la plataforma Llave MX, incrementa el riesgo de abuso, hackeo, vigilancia ilegítima y comercio ilegal de información.
Esta medida es doblemente peligrosa porque normaliza la vigilancia sin consentimiento, disfrazada de modernización administrativa, obliga a las personas a ceder datos personales bajo amenaza de exclusión, y lo más preocupante, sin haber debatido públicamente su implementación ni haber consultado a la ciudadanía, estamos hablando de una política que afecta a millones de mexiquenses y que se aprobó con una opacidad alarmante.
El gobierno no solo vigila, también evalúa, clasifica y decide quién tiene acceso a qué, esta CURP biométrica podrá estar ligada a sistemas de control de beneficios sociales, historial fiscal, comportamiento digital, movimientos migratorios o acceso a salud y educación, cualquier error en el registro, cualquier discrepancia, cualquier falta de actualización puede convertir a una persona en invisible para el sistema, esto ya ha sucedido en países como India, donde el sistema Aadhaar dejó a miles sin acceso a subsidios y pensiones por fallas técnicas o errores humanos.
Aquí no hay garantías de que no pase lo mismo, pero lo más grave es que estamos cediendo nuestras identidades sin cuestionar, sin resistir, sin exigir transparencia, los ciudadanos no estamos siendo informados adecuadamente sobre lo que significa esta medida, no sabemos qué empresas están contratadas para administrar los datos, no sabemos qué uso futuro se les dará, no hay una política pública clara de protección ni sanciones contundentes en caso de abuso, solo hay promesas.
Esta CURP biométrica es también un ensayo para implementar después una cédula única nacional digital, con el mismo patrón de control, por eso lo que ocurra en el Estado de México será un precedente nacional, si la sociedad acepta sin protestar que le tomen huellas, iris y rostro para hacer un trámite básico, mañana será normal que pidan reconocimiento facial para ingresar a oficinas públicas, o que se bloquee el acceso a servicios si no se actualiza una firma electrónica, esta lógica no tiene freno.
No se trata de rechazar la tecnología, se trata de no entregar el alma al sistema, de entender que cada dato biométrico entregado sin control es un paso más hacia una ciudadanía sometida al algoritmo y a la vigilancia permanente, los gobiernos cambian, las leyes también, pero las bases de datos permanecen, hoy pueden ser usadas con fines administrativos, mañana pueden ser usadas con fines políticos, disciplinarios, económicos o ideológicos.
El Estado de México no necesita más control sobre su gente, necesita gobiernos que sirvan, no que espíen, necesita soluciones humanas, no mecanismos de dominio encubiertos de eficiencia digital, la CURP biométrica no es progreso, es sumisión tecnológica y amenaza estructural a la libertad individual.
Si en verdad se quiere proteger al ciudadano, el gobierno debería garantizar primero el derecho a la privacidad, a la información clara, a la protección de datos, y sobre todo, a decir no, cualquier sistema obligatorio basado en coerción, opacidad y captura de identidad es una herramienta de dominación, no de servicio público, y como tal, debe ser resistido, denunciado y desmontado.
La CURP biométrica no debería ser vista como un trámite más, es el inicio de un modelo de vigilancia integral que poco a poco reduce nuestros márgenes de libertad, empezando por la más fundamental de todas, la de decidir quiénes somos y qué datos compartimos con el poder que pretende controlarnos.
