El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, expresó su opinión el pasado viernes, señalando que una arquitectura constitucional sólida no bastaría para garantizar la protección de los derechos humanos si no se cuenta con jueces y juezas íntegras y valientes que los apliquen de manera
efectiva.
“Por eso hoy hago un llamado a todos los que participamos en los sistemas de seguridad, de procuración y de impartición de justicia para que no sólo seamos probos y valientes, sino para que más allá de las naturales diferencias que podemos tener en el desempeño de nuestras funciones, asumamos con responsabilidad y compromiso nuestro
papel de servir a las y los ciudadanos en la sensible labor que ejercemos todos los días de impartir justicia en nuestro país”.
Al inaugurar la sexta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia en Toluca, convocado por la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, Pardo
Rebolledo resaltó que la justicia es una actividad pública fundamental que fortalece los lazos sociales y representa una responsabilidad primordial del Estado hacia sus ciudadanos.
Subrayó que en la consolidación de las democracias, las instituciones judiciales desempeñan un papel crucial. “Estoy cierto de que uno de los pilares de las sociedades democráticas es la confianza que las personas tienen de que las instituciones públicas cumplirán los propósitos para las que han sido creadas, de ahí la importancia de
hacer un alto y cuestionarnos cómo hemos actuado las autoridades que tenemos a nuestro cargo las áreas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, pues todo lo que hagamos o dejemos de hacer impactará directamente en el funcionamiento de nuestra democracia y naturalmente, de nuestro Estado de Derecho”.
Por tanto, consideró esencial reconocer que un déficit en seguridad y justicia conlleva inevitablemente a una disminución en el respeto y la garantía de los derechos humanos.
En este sentido, destacó que los tres pilares esenciales para el análisis y la definición de una agenda de seguridad y justicia deben ser la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
“La sociedad mexicana y su cotidianidad son cada vez más complejas, lo cual, inevitablemente incrementa la propensión al conflicto y a la violencia, es urgente reconocer, estudiar y desagregar nuestro complejo entramado social a fin de prevenir y atender las múltiples y dolorosas formas de violencia que nos aquejan, así como sus causas y consecuencias”.
De la misma manera, resaltó el papel fundamental que desempeña el juicio de amparo en la protección de los derechos humanos, abarcando aspectos como la libertad, dignidad, igualdad, seguridad, propiedad, entre otros. La continuidad y evolución de este instrumento son vitales para asegurar la efectividad de los derechos humanos al proporcionar a todos los habitantes del país la capacidad de defenderse contra acciones de autoridad que se consideran inconstitucionales.
“También es importante la defensa de la independencia del Poder Judicial frente a ataques que pretenden socavarla, como garantía establecida para quienes acuden a los tribunales y no como privilegio de las personas juzgadoras, la independencia judicial no se trata de un juego de poder, ni es el poder lo que está en juego, sino los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales firmados por nuestro país”.
