Por Mireya Álvarez
Una controversia que enfrenta a vecinos, legalidad y política ha estallado en Toluca, donde en el centro de la polémica, se encuentra el regidor de Movimiento Ciudadano, Luis Felipe García Chávez, quien ha sido duramente criticado por apoyar la instalación de un zaguán que bloquea una calle de uso común entre Jesús Carranza y Cristóbal Colón, esta acción, impulsada por un grupo de residentes que buscan seguridad, ha levantado una ola de indignación y cuestionamientos sobre el respeto al marco legal.
El cierre de esta vialidad, una medida que según sus promotores busca limitar el acceso a “personas ajenas” para proteger la zona, ha generado una división profunda en la comunidad; mientras unos aplauden la iniciativa en aras de su tranquilidad, otros denuncian que se vulnera el derecho al libre tránsito, un principio fundamental para la convivencia urbana.
La polémica se intensifica por la participación del regidor emecista, cuya postura ha sido interpretada como una falta a su deber de velar por la legalidad y en lugar de mediar o promover una solución apegada a la norma, se alineó con la petición de un grupo minoritario, y cuya decisión ha llevado a varios críticos a sospechar de un móvil político, especulando sobre una posible maniobra con miras a las elecciones de 2027.
La situación es clara para los expertos en la materia, de acuerdo con el doctor en Derecho y también militante de MC en la capital mexiquense, Agustín Flores Jaimes, explicó que cualquier bloqueo de este tipo requiere la aprobación del Cabildo y estudios técnicos exhaustivos. “Este tipo de actos, sin la debida autorización, podrían ser considerados como una afectación a las vías de comunicación”, señaló.
Además, Flores Jaimes recordó que el Código Penal del Estado de México se castiga con sanciones a quienes impidan el libre tránsito, una advertencia que subraya la gravedad del asunto.
Ante ello, hizo un llamado directo al regidor de Movimiento Ciudadano para que reconsidere su postura y se apegue a la legalidad, subrayando que “la ley tiene que ser respetada independientemente del color o partido”.
En este mismo tenor, habitantes de la zona han hecho un llamado a las autoridades para que garanticen la circulación y eviten que intereses privados prevalezcan sobre el bien común.
