Emiratos Árabes Unidos ha contratado a cientos de mercenarios colombianos para luchar en la guerra de Sudán junto con los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una milicia acusada de genocidio y crímenes de guerra. Así lo concluye una misión internacional independiente de Naciones Unidas en un informe.
Es la primera vez que el organismo lanza esta acusación, que pone bajo la mira el rol del emirato sobre uno de los conflictos más violentos en la actualidad y que complica la candidatura de la diplomática emiratí Lana Nusseibeh como secretaria general de la ONU.
El informe fue presentado la semana pasada ante el Consejo de Seguridad, según adelantó The New York Times. En él, la misión asegura haber encontrado que hay “agentes externos” que contribuyen a prolongar el conflicto en el país africano mediante “el suministro de armas y equipo militar, apoyo financiero y logístico, combatientes extranjeros y otras formas de asistencia”. El reclutamiento de mercenarios es masivo y es producto del trabajo de una red transnacional: alrededor de 2.000 colombianos han viajado a Sudán para combatir con las FAR.
La guerra de Sudán estalló en abril de 2023, cuando el Ejército y las FAR rompieron su alianza por la integración de los paramilitares en las Fuerzas Armadas. Juntos habían dado un golpe de Estado en 2021, pero tres años y medio después, el país está partido en dos: el Ejército controla Jartum, el norte, el centro y el este, mientras las FAR dominan casi todo Darfur, tras tomar El Fasher en octubre de 2025, y buena parte de Kordofán. Según estimaciones de Naciones Unidas, han muerto decenas de miles de personas (algunos cálculos hablan de cientos de miles) y unos 13 millones han tenido que huir de sus casas. Estados Unidos ya determinó en enero de 2025 que las FAR habían cometido genocidio. Las negociaciones de paz están estancadas.
La mayoría de los combatientes colombianos integran el batallón llamado Lobos del Desierto. El escuadrón especializado participó a finales de 2025 en el asedio de El Fasher, capital de Darfur Norte, según varias fuentes citadas. “Durante la ofensiva, contratistas colombianos manejaron sistemas de artillería, plataformas de drones y otros equipos técnicos”, señala el informe. Durante la toma de la ciudad fueron asesinadas más de 2.000 personas, según las autoridades sudanesas.
El rol de los colombianos en el conflicto de Sudán se ha hecho cada vez más evidente desde que su presencia en el país africano fue informada por primera vez a finales de 2024. La representación permanente de Sudán ante la ONU denunció el año pasado que los combatientes latinoamericanos eran responsables de crímenes de guerra como ejecuciones sumarias, reclutamiento infantil y el uso de sustancias químicas prohibidas como el fósforo blanco.
Muchos de los mercenarios que acaban allí aseguran haber sido engañados. Varios hombres han relatado que fueron reclutados con engaños e, incluso, por la fuerza. La misión da cuenta de que a “algunos contratistas” no se les comunicó que serían destinados a Sudán, mientras que otros “percibían salarios inferiores a los estipulados en sus contratos”.
El grupo de la ONU apunta directamente a Álvaro Quijano, coronel retirado del Ejército colombiano. Él y su esposa son el enlace con la compañía Global Security Service Group (GSSG), con sede en Dubái y muy cercana al Gobierno emiratí. Los colombianos llegan a Sudán por varias rutas: a través de Bosaso (Somalia), vía Etiopía o Eritrea; o desde el puerto mediterráneo de Bengasi (Libia), cruzando el desierto del Sáhara por Chad. Una de las principales entradas es el aeropuerto de Nyala, en Darfur.
El informe respalda las denuncias que el Gobierno sudanés hace desde hace años: acusa a EAU de ser “el cerebro de la maquinaria bélica” en su país. Por eso, denunció a la monarquía árabe ante el Tribunal Internacional de Justicia por el supuesto “apoyo y complicidad en el genocidio” que ocurre en Darfur. El emirato, continúa el documento, no solo ha brindado apoyo humano a los paramilitares, también ha enviado armas como rifles AK-47, ametralladoras DShK, lanzagranadas antitanque y drones. Muchos colombianos fueron vistos usando este armamento.
Emiratos negó haber prestado “apoyo militar, logístico, financiero o político” a los paramilitares y sostuvo que se ha mantenido neutral a lo largo del conflicto, en respuesta a las preguntas de la misión. Pese a ello, los expertos de Naciones Unidas sostienen que personas y entidades que operan desde el país del golfo “desempeñaron un papel significativo en las redes implicadas en el reclutamiento, la financiación, el transporte y el despliegue de contratistas militares extranjeros, así como en la prestación de apoyo de carácter militar”.
