* CONCAEM, CANIRAC y Canacintra y autoridades federales presentaron una estrategia para fortalecer la denuncia, reducir la cifra negra y combatir la extorsión mediante inteligencia e investigación……
Ante el impacto que la extorsión representa para empresarios, trabajadores y familias, representantes de organismos empresariales y autoridades federales presentaron en el Estado de México una estrategia conjunta para fortalecer la prevención, denuncia y combate de este delito, con especial énfasis en reducir la llamada cifra negra.
En conferencia de prensa, Mauricio Massud Martínez, representante de CONCAEM, destacó que el Estado de México se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de extorsión, y señaló que durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron oficialmente tres mil 920 denuncias en la entidad, mientras que a nivel nacional se registraron 6 mil 562 víctimas, aunque advirtió que 97 por ciento de los casos no se reporta.
Por ello, llamó al sector empresarial a asumir su responsabilidad y aprovechar las herramientas institucionales disponibles, particularmente el 089 y los protocolos de atención, además, consideró que combatir este delito requiere una alianza entre autoridades, empresarios y sociedad, basada en información, prevención, acompañamiento y denuncia.
Desde el sector restaurantero, el chef y presidente de la Canirac en la entidad, Cristian Muñoz Tapia señaló que la extorsión no se combate únicamente con mayor presencia policial, sino también logrando que las víctimas pierdan el miedo a denunciar, y recordó que en el Estado de México existen alrededor de 76 mil unidades económicas relacionadas con alimentos y bebidas, detrás de las cuales se encuentran familias, trabajadores y emprendedores.
Aunado a ello, Muñoz Tapia advirtió que el silencio favorece a los delincuentes y llamó a restaurantes, cafeterías, fondas, panaderías y demás establecimientos a utilizar los mecanismos de denuncia. “No podemos combatir este delito desde el silencio”, sostuvo, al destacar que una denuncia puede contribuir a proteger tanto un negocio como a otros establecimientos.
En tanto, José Luis Urrutia Segura, vicepresidente de Comisiones y Representaciones de Canacintra, consideró que la seguridad es uno de los principales factores que condicionan la competitividad empresarial, por ende, señaló que la extorsión funciona como un “impuesto ilegal” para las empresas, pues afecta sus costos, operaciones y posibilidades de crecimiento.
Urrutia Segura respaldó la coordinación entre autoridades y organismos empresariales y destacó la importancia de informar a los agremiados sobre las nuevas herramientas para denunciar, por ello, afirmó que la sociedad debe conocer que existen mecanismos para hacer llegar sus denuncias a las autoridades y contribuir con ello a la investigación.
Por su parte, el comisario Federico Robles Cázares, encargado nacional del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADE), explicó que la estrategia nacional contempla cinco ejes: generar detenciones, impulsar unidades antiextorsión estatales, aplicar protocolos de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 y fortalecer las campañas de prevención.
El comisario detalló que el CADE concentra información proveniente de denuncias para identificar números telefónicos, cuentas bancarias, modus operandi y patrones comunes, con el objetivo de integrar expedientes más sólidos y canalizarlos a las fiscalías.
Robles Cázares explicó que la legislación vigente establece penas base de 15 a 25 años de prisión por extorsión, además de agravantes que pueden elevar la sanción hasta 47 años, y destacó también que el delito se persigue de oficio y que las denuncias mediante el 089 pueden realizarse de manera anónima.
En este sentido, dejaron en claro que, la estrategia busca que la denuncia no solo permita atender a las víctimas, sino generar información de inteligencia para identificar estructuras criminales, reducir la impunidad y diseñar acciones preventivas dirigidas a sectores específicos.
Finalmente, los participantes coincidieron en que romper la cultura del silencio será fundamental para enfrentar un delito que, además de generar pérdidas económicas, afecta la tranquilidad, los empleos y la permanencia de negocios en las comunidades.
