Por Mary González
Una presunta red de extorsión integrada por servidores públicos, exfuncionarios y particulares habría operado desde 2023 contra propietarios de verificentros en el Estado de México, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizadas en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Las indagatorias apuntan a que el esquema habría comenzado al menos en diciembre de 2023, cuando Raúl N, quien entonces se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, presuntamente convocó a concesionarios a una reunión en un restaurante de la Ciudad de México.
De acuerdo con testimonios incorporados a la carpeta de investigación, durante ese encuentro se habría establecido una cuota mensual de hasta 200 mil pesos por cada verificentro, a cambio de permitir que los establecimientos continuaran operando, incluso cuando contaran con su documentación en regla.
Ante las presuntas amenazas de bloquear los sistemas, impedir la entrega de hologramas o negar las revalidaciones, algunos concesionarios habrían aceptado entregar cantidades menores, que oscilarían entre 30 mil y 100 mil pesos mensuales, dependiendo de la capacidad económica de cada centro de verificación.
La investigación señala que las presiones no se habrían limitado a los pagos mensuales. En febrero de 2024, los involucrados presuntamente exigieron un pago adicional de 162 mil 500 pesos por verificentro, bajo el argumento de un supuesto cobro retroactivo por haber permitido la operación de los establecimientos durante los últimos meses de 2023.
Según las autoridades, los integrantes de esta presunta red habrían aprovechado sus posiciones dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para condicionar trámites y servicios indispensables para los verificentros, entre ellos las revalidaciones, la operación de los sistemas y la entrega de hologramas.
Las amenazas de posibles cierres o de obstaculizar la operación habrían sido utilizadas como mecanismo de presión contra los concesionarios que se negaran a cubrir las cantidades exigidas.
Las investigaciones forman parte de las acciones emprendidas por la FGJEM contra este tipo de prácticas y buscan determinar el grado de participación de servidores públicos, exfuncionarios y particulares involucrados, así como establecer el monto total de los recursos que presuntamente fueron obtenidos mediante este esquema.
