* La desaparición del INFOEM llega cuando contratos, obras públicas, programas sociales, adquisiciones y gasto gubernamental requieren mayor escrutinio. Ahora las inconformidades por información del Ejecutivo y municipios pasarán a un organismo adscrito a la propia Contraloría estatal……
Por Karina Rocha
El Estado de México comenzó octubre con un cambio que va mucho más allá de sustituir oficinas, funcionarios o membretes, desde este 1 de octubre desaparece el Instituto de Transparencia, Ac ceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, mejor conocido como INFOEM, y comienza una transición que trasladará sus atribuciones hacia contralorías y una nueva estructura denominada Transparencia Mexiquense.
El cambio ocurre precisamente cuando revisar contratos, proveedores, obras, adquisiciones, programas sociales y ejercicio presupuestal resulta especialmente relevante, por lo que la discusión ya no debería limitarse a saber quién ocupará las nuevas oficinas, sino a determinar qué capacidad tendrá el nuevo modelo para obligar a las propias instituciones públicas a entregar in formación cuando pretendan reservarla, clasificarla o simplemente no proporcionarla.
Hasta septiembre, el INFOEM registraba 35 mil 312 solicitudes de información pública y 8 mil 382 recursos de revisión solamente durante 2026, una recurribilidad de 23.73 por ciento, es decir, miles de ciudadanos tuvieron que inconformarse porque la primera respuesta obtenida de una institución pública no resolvió satisfactoriamente su solicitud. Ese dato permite dimensionar lo que está en juego.
El vigilante cambia de casa
La nueva legislación extingue al INFOEM como organismo autónomo y distribuye sus funciones entre las contralorías de los poderes públicos, mientras que para atender asuntos relacionados con el Poder Ejecutivo y los municipios se contempla la creación de Transparencia Mexiquense dentro de la estructura de la Secretaría de la Contraloría.
La nueva instancia recibirá registros, padrones, sistemas y bases de datos que pertenecían al INFOEM, incluyendo plataformas fundamentales como Saimex e Ipomex, utilizadas respectivamente para tramitar solicitudes y consultar obligaciones públicas de transparencia.
Aquí surge la pregunta central: ¿qué grado de independencia tendrá una estructura encargada de revisar controversias relacionadas con de-pendencias gubernamentales cuando administrativamente formará parte del propio aparato estatal?.
No se trata únicamente de una discusión jurídica.
En Ipomex pueden consultarse contratos, convenios, presupuestos, proveedores, remuneraciones, programas, subsidios, inventarios y otros documentos que permiten conocer cómo se administran los recursos públicos, precisamente la información necesaria para revisar decisiones gubernamentales y detectar inconsistencias.
Y el cambio llega cuando existen temas que demandan explicaciones particularmente detalladas: contratos de infraestructura hidráulica, empresas encargadas de obra pública, programas sociales con bajo ejercicio presupuestal, adquisiciones como el helicóptero Black Hawk y autorizaciones relacionadas con desarrollos inmobiliarios, entre otros asuntos que requieren acceso completo a expedientes administrativos.
Más de 160 trabajadores y seis meses de transición
La liquidación institucional tampoco será inmediata ni sencilla.
La Secretaría de Finanzas tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para nombrar a la persona responsable de la liquidación, mientras el INFOEM deberá entregar información relacionada con su plantilla laboral, salarios, antigüedad y modalidad de contratación para determinar liquidaciones y finiquitos de poco más de 160 trabajadores.
También deberá integrarse una Comisión Transitoria de Transferencia con representantes de Finanzas, Contraloría, Consejería Jurídica y Oficialía Mayor, encargada de establecer cómo se trasladarán las atribuciones del extinto instituto.
La transferencia completa podrá prolongarse hasta seis meses, mientras los recursos materiales y financieros, incluidos inmuebles, deberán ser trasladados a la Secretaría de la Contraloría dentro de los veinte días hábiles posteriores a la promulgación.
Esto abre otra interrogante: qué ocurrirá durante ese periodo con los expedientes abiertos, procedimientos, inconformidades y recursos de revisión que ya estaban en trámite. El volumen no es menor.
En una sola sesión celebrada en junio, el INFOEM resolvió 510 recursos de revisión e impuso 16 medidas de apremio debido a incumplimientos de resoluciones, mientras que en julio otra sesión aprobó 290 recursos y 23 medidas de apremio.
Es decir, la transparencia mexiquense no parte de una estructura sin trabajo pendiente, sino de un sistema que permanentemente recibía controversias entre ciudadanos y autoridades.
Nombramientos también bajo observación
Otro aspecto que deberá vigilarse será la integración de Transparencia Mexiquense.
Una vez creado el organismo, la titularidad será nombrada por la gobernadora, mientras el Ejecutivo tendrá hasta seis meses para emitir los reglamentos y la normatividad que definirán su funcionamiento.
Ahí estará buena parte de la prueba institucional.
Habrá que conocer presupuesto, número de plazas, perfiles profesionales, criterios de nombramiento, facultades para sancionar incumplimientos y mecanismos que garanticen que las resoluciones sobre información pública no dependan de consideraciones administrativas o políticas.
La discusión no consiste en defender únicamente el nombre o estructura del INFOEM, sino en comprobar si el modelo que lo sustituye mantendrá, reducirá o fortalecerá la capacidad de los ciudadanos para obtener documentos que las autoridades inicialmente se nieguen a entregar.
Porque mientras millones de pesos circulan por contratos, obra pública, programas sociales y adquisiciones gubernamentales, la transparencia no puede limitarse a colocar documentos en una página electrónica.
La verdadera prueba comenzará cuando un ciudadano pida un contrato incómodo, cuestione un gasto millonario o exija conocer quién recibió una obra pública y la dependencia involucrada decida reservar la información, entonces se sabrá hasta dónde puede llegar realmente Transparencia Mexiquense.
