* Ajustes rumbo a 2027 desatan críticas por control político y opacidad……
Por Martha Romero
La mayoría legislativa encabezada por Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, presentó una iniciativa de reforma electoral en el Estado de México con la que busca reconfigurar las etapas del proceso rumbo a 2027, bajo el argumento de mejorar la planeación y evitar la saturación de actividades, sin embargo, detrás del discurso técnico y administrativo, la propuesta ha encendido alertas por su posible uso como herramienta de control político y concentración de poder.
Ajustes con sello federal
La iniciativa, impulsada desde la Junta de Coordinación Política, pretende armonizar la legislación local con los cambios federales derivados del llamado “Plan B”, lo que incluye medidas de austeridad, reducción de estructuras y nuevas reglas para la operación de autoridades electorales, el objetivo declarado es hacer más eficiente al sistema, pero en los hechos, especialistas advierten que se abre la puerta a debilitar contrapesos institucionales y limitar la autonomía de los órganos electorales.
El planteamiento considera adelantar el inicio del proceso electoral, modificar los tiempos de precampaña y ajustar fechas clave como la emisión de convocatorias, todo ello para que el Instituto Electoral del Estado de México tenga mayor margen operativo, no obstante, la narrativa de eficiencia contrasta con la prisa legislativa para aprobar los cambios antes del 15 de mayo, sin procesos amplios de deliberación.
Sin consulta, con prisa
Uno de los puntos más cuestionados es la decisión de no realizar foros ni consultas públicas, bajo el argumento de que se trata de ajustes administrativos, esta postura minimiza el impacto real de una reforma que redefine las reglas del juego electoral, al excluir a actores políticos, académicos y ciudadanía, se configura un proceso cerrado que privilegia la voluntad de la mayoría sobre el consenso democrático.
La ausencia de debate abierto refuerza la percepción de que la reforma no busca perfeccionar el sistema, sino adecuarlo a las necesidades de quienes hoy detentan el poder, en un contexto donde la confianza en las instituciones electorales sigue siendo un factor clave para la estabilidad política.
Austeridad selectiva
Entre los cambios propuestos se encuentra la limitación de salarios de autoridades electorales para que no superen los ingresos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la reducción del tamaño de cabildos y restricciones a prestaciones, medidas que se presentan como parte de una política de austeridad, pero que también pueden traducirse en menor capacidad operativa y técnica de las instituciones.
La iniciativa también contempla prohibir la reelección y el nepotismo electoral, aunque estas disposiciones entrarían en vigor hasta 2027, lo que ha sido interpretado como una estrategia para diferir decisiones incómodas mientras se consolidan estructuras políticas actuales.
Control del proceso electoral
Otro eje central es el rediseño de los tiempos para candidaturas independientes y registros, con el argumento de facilitar la revisión de miles de expedientes por parte del Instituto Electoral del Estado de México, sin embargo, críticos advierten que estos ajustes podrían convertirse en filtros más estrictos que limiten la participación de actores externos a los partidos tradicionales.
Además, se incorporan disposiciones para promover la inclusión de jóvenes y garantizar la paridad de género, elementos positivos en el discurso, pero que contrastan con un diseño general que concentra decisiones en el aparato legislativo y reduce los espacios de competencia real.
Riesgos para la democracia local
El contexto en el que surge esta reforma no es menor, el Estado de México se prepara para una elección de gran escala en 2027, donde se renovarán ayuntamientos, Congreso local y otros espacios de poder, modificar las reglas en este momento genera suspicacias sobre la intención de influir en el resultado desde el diseño institucional.
La promesa de un sistema más ordenado y eficiente se enfrenta a la realidad de una reforma construida sin apertura, con tiempos ajustados y bajo el control de una mayoría legislativa que busca consolidar su proyecto político, la pregunta de fondo no es si el proceso será más ágil, sino si será más equitativo.
En este escenario, la reforma electoral deja de ser un ajuste técnico para convertirse en un movimiento estratégico, donde el riesgo no radica solo en los cambios específicos, sino en el precedente que establece, el de una democracia que se redefine desde el poder, sin contrapesos ni participación amplia, en un momento clave para el futuro político del Estado de México.
