* Denuncian que “El Chino” controla cuotas, drogas, celulares y privilegios dentro del penal, presuntamente protegido por mandos penitenciarios……
Por Redacción de unomásuno
Primera Parte
Las cárceles fueron concebidas para garantizar el cumplimiento de las sentencias, proteger a la sociedad y promover la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, cuando al interior de un centro penitenciario surgen denuncias sobre cobros ilegales, venta de drogas, teléfonos celulares, privilegios exclusivos y presunta protección de funcionarios, el problema deja de ser únicamente de seguridad y se convierte en un cuestionamiento directo a la capacidad del Estado para gobernar sus propios reclusorios. Las recientes acusaciones sobre el penal de Santiaguito, en Almolo ya de Juárez, colocan nuevamente al sistema penitenciario mexiquense bajo el escrutinio público.
Acusan operación criminal dentro del penal
El Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito enfrenta nuevos señalamientos que apuntan a la posible existencia de una estructura dedicada al cobro de cuotas, distribución de drogas, renta de teléfonos celulares y venta de privilegios para internos, actividades que, de confirmarse, evidenciarían una profunda descomposición institucional.
La información entregada a diversos medios de comunicación incluye testimonios, videos y denuncias en las que se identifica como presunto operador principal a Brayan Alejandro Arizmendi Salgado, conocido como “El Chino”, un interno que, según los denunciantes, habría consolidado un grupo con capacidad para controlar distintas actividades ilegales dentro del centro penitenciario.
Las acusaciones sostienen que esta persona habría logrado recuperar influencia al interior del penal y que presuntamente coordina el cobro de cuotas obligatorias, la administración de espacios, el ingreso de objetos prohibidos y la aplicación de castigos contra quienes se niegan a pagar.
Se trata de señalamientos delicados que hasta el momento no han sido acreditados por autoridad judicial, por lo que corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad estatal investigar los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar tanto el derecho de las víctimas como la presunción de inocencia de las personas señaladas.
Los privilegios que nadie explica
Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la difusión de imágenes donde presuntamente aparece un interno utilizando un teléfono celular dentro de una estancia equipada con frigobar, horno de microondas, pantalla, colchón y diversos utensilios domésticos.
Si las imágenes corresponden efectivamente al penal de Santiaguito y fueron captadas recientemente, surge una pregunta inevitable: ¿cómo ingresaron esos aparatos a un centro penitenciario que, en teoría, cuenta con filtros de seguridad, revisiones permanentes y vigilancia las 24 horas?.
Un refrigerador, un horno de microondas o una pantalla difícilmente pueden ingresar sin conocimiento del personal encargado de la custodia. Lo mismo ocurre con un teléfono celular activo, cuya presencia contradice los protocolos de seguridad establecidos para impedir comunicaciones ilícitas desde prisión.
Las autoridades tienen la responsabilidad de determinar la autenticidad del material, identificar el dormitorio donde fue grabado, establecer la fecha de los hechos y esclarecer si existió omisión, negligencia o participación de servidores públicos.
Más allá de la existencia de un solo aparato, el problema radica en que, de comprobarse estos hechos, demostrarían la existencia de una red capaz de vulnerar todos los controles penitenciarios.
Un catálogo de cobros clandestinos
Las denuncias describen un sistema de cuotas que convierte prácticamente cualquier servicio en una mercancía.
Los testimonios refieren cobros por ocupar determinadas celdas, utilizar teléfonos celulares, rentar equipos de comunicación, introducir dinero, adquirir productos, ingresar mercancías e incluso realizar visitas íntimas en horarios específicos.
También se mencionan pagos semanales dirigidos a determinados grupos de internos, cuotas para tiendas instaladas dentro del penal y precios atribuidos a la venta de diversas sustancias ilícitas.
Hasta ahora ninguna de estas cantidades ha sido confirmada oficialmente. Precisamente por ello resulta indispensable que las autoridades realicen auditorías financieras, cateos sorpresivos, análisis patrimoniales, revisión de depósitos bancarios y peritajes tecnológicos que permitan establecer si realmente opera una economía paralela dentro del penal.
De confirmarse, no se trataría únicamente de corrupción administrativa, sino de una estructura criminal que habría encontrado en el hacinamiento y en la debilidad institucional un espacio ideal para obtener ganancias económicas a costa de la población penitenciaria… Continuará….