* La denuncia sobre el retiro de carteles de personas desaparecidas en Valle de Bravo obliga al Ayuntamiento a explicar quién ordenó quitarlos y por qué, en un contexto donde cualquier señal de indiferencia frente a las desapariciones resulta inadmisible. Además, no se puede “tapar el sol, con un dedo”……
Por Karina Rocha
La desaparición de una persona no puede tratarse como basura, contaminación visual o un problema de imagen urbana. Por eso resulta particularmente grave el video difundido en redes sociales en el que se observa a dos personas retirando fichas de búsqueda colocadas en diferentes puntos de Valle de Bravo, hechos que han provocado cuestionamientos hacia la administración municipal encabezada por Michelle Núñez Ponce.
Las imágenes muestran cómo los carteles son desprendidos de postes y otros espacios públicos. La denuncia que acompaña el video sostiene que la acción ocurrió en las inmediaciones del jardín central y en la zona de embarcaderos de Santa María Ahuacatlán.
Más delicado todavía resulta el señalamiento de que algunas fichas habrían terminado en botes de basura ubicados cerca de la zona de restaurantes flotantes, donde presuntamente también fueron encontrados otros avisos relacionados con personas desaparecidas.
La escena exige una explicación inmediata.
No basta con argumentar, en caso de que así ocurriera, que se trató de labores de limpieza. Cuando están de por medio familias que buscan a hijos, hijas, hermanos, padres o madres, cualquier procedimiento administrativo debería tener sensibilidad suficiente para distinguir entre propaganda, publicidad comercial y una ficha que puede representar una posibilidad de encontrar a alguien.
¿Quién ordenó retirar los carteles?
Hasta ahora, el material difundido no permite identificar plenamente a quienes aparecen retirando las fichas ni establecer si efectivamente son trabajadores municipales. Tampoco acredita quién habría dado la instrucción.
Precisamente por eso corresponde al Ayuntamiento aclararlo.
La autoridad municipal debería informar si las personas pertenecen a alguna dependencia, si existió un operativo para retirar materiales colocados en espacios públicos, quién lo autorizó, cuáles fueron los criterios empleados y qué ocurrió finalmente con las fichas.
Guardar silencio únicamente alimentaría las sospechas.
El problema rebasa además la discusión sobre reglamentos municipales. Las fichas de búsqueda son instrumentos utilizados por familias y colectivos para multiplicar información y conseguir datos ciudadanos que eventualmente puedan conducir a la localización de una persona.
Quitarlas sin establecer previamente si continúan vigentes representa, cuando menos, una decisión carente de sensibilidad frente a una de las crisis más dolorosas del país.
Señalamientos que deben investigarse
El episodio adquiere una dimensión política todavía más delicada debido a versiones y acusaciones que desde hace tiempo circulan públicamente alrededor de la seguridad en Valle de Bravo y de presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales.
Entre esos señalamientos aparecen referencias a personajes conocidos como “El Fresa” y “El Pez”, identificados públicamente como presuntos líderes de La Familia Michoacana.
Sin embargo, una acusación de esta gravedad no puede convertirse automáticamente en un hecho probado.
No existe, con los elementos contenidos en el video, evidencia suficiente para sostener que Michelle Núñez Ponce ordenó retirar fichas para beneficiar a integrantes de la delincuencia organizada, mucho menos para afirmar como hecho que mantiene vínculos con esos personajes.
Pero precisamente porque semejantes versiones existen, la alcaldesa tiene todavía mayores razones para transparentar completamente lo sucedido. Cuando una administración enfrenta sospechas públicas, el silencio, la ambigüedad o las explicaciones incompletas terminan fortaleciendo aquello que pretende desmentir.
Si nadie del gobierno municipal ordenó retirar las fichas, debe decirse y acreditarse. Si fue una cuadrilla municipal, debe conocerse quién instruyó la acción. Y si existía algún procedimiento de limpieza, tendría que explicarse por qué no hubo un protocolo especial para proteger materiales relacionados con personas desaparecidas.
No se puede limpiar la realidad
También existe una responsabilidad política más amplia. La seguridad del Estado de México involucra diferentes niveles de gobierno y tiene en la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Horacio Duarte Olivares, una de las principales estructuras de coordinación política de la administración estatal. Por ello, un episodio semejante no debería reducirse a un asunto exclusivamente municipal.
Pretender construir tranquilidad retirando de las calles aquello que recuerda la violencia sería una estrategia profundamente equivocada. Las desapariciones no disminuyen porque desaparezcan sus fichas, ni la inseguridad deja de existir porque sus evidencias resulten incómodas para una administración.
Valle de Bravo necesita proteger su actividad turística y su imagen como uno de los principales destinos del Estado de México, pero ninguna postal turística puede estar por encima del derecho de una familia a buscar a un desaparecido.
La verdadera imagen que una autoridad debe cuidar es la de un gobierno capaz de responder ante sus ciudadanos.
Por eso resulta indispensable esclarecer los hechos, identificar a quienes retiraron los carteles, establecer si recibieron órdenes y garantizar que ninguna ficha vigente vuelva a ser eliminada arbitrariamente.
Porque detrás de cada hoja pegada sobre un poste existe una familia esperando una llamada.
Y convertir esa esperanza en basura, por negligencia, burocracia o cualquier otro interés, sería mucho más grave que cualquier cartel colocado sobre una pared.