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Entorno digital obliga a reforzar la integridad de instituciones electorales

Por Mireya Álvarez

El avance acelerado de las nuevas tecnologías ha colocado a las instituciones electorales ante un escenario inédito, en el que la inteligencia artificial, las redes sociales y la propaganda digital pueden influir tanto en la percepción ciudadana como en el desarrollo de los procesos democráticos.

Así quedó de manifiesto durante el Tercer Conversatorio “Retos Contemporáneos de la Democracia y los Derechos Político-Electorales”, realizado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México, en coordinación con instituciones académicas y de investigación.

En la mesa de análisis denominada “Integridad institucional frente al entorno digital”, el consejero del INE, Arturo Chávez López, advirtió que las autoridades electorales deben actualizar sus capacidades para responder a fenómenos como la desinformación, la manipulación de contenidos y la falta de transparencia en la publicidad política difundida a través de plataformas digitales.

El funcionario sostuvo que la transformación tecnológica también obliga a revisar el marco jurídico y los mecanismos de vigilancia electoral, pues herramientas como la inteligencia artificial pueden utilizarse para producir contenidos capaces de confundir a la ciudadanía o alterar la percepción sobre candidaturas y actores políticos.

Chávez López, quien preside la recién creada Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, señaló que preservar la integridad institucional significa garantizar que las decisiones de la autoridad electoral se conduzcan bajo criterios de imparcialidad, autonomía técnica, profesionalismo y estricto apego a la legislación.

En este sentido, el funcionario electoral añadió que el reto no corresponde únicamente a las instituciones, sino también a partidos políticos, candidaturas, medios de comunicación y ciudadanía, quienes tienen una responsabilidad compartida en el uso responsable y ético de las herramientas digitales.

En tanto, especialistas identificaron diversos riesgos para los procesos electorales, entre ellos la generación de imágenes, audios y videos falsos mediante inteligencia artificial, la operación de cuentas automatizadas, la publicidad digital sin suficiente transparencia y las distintas expresiones de violencia política que se presentan en espacios virtuales.

En su intervención, el Vocal Ejecutivo del INE en el Estado de México, Martín Martínez Cortazar, planteó que la integridad institucional también debe analizarse desde los principios y responsabilidades que rigen el servicio público, particularmente frente a una realidad digital que modifica constantemente las formas de comunicación entre autoridades y sociedad.

Como parte de las acciones emprendidas para enfrentar estos desafíos, Arturo Chávez recordó que el INE fue la primera institución del Estado mexicano en establecer lineamientos para el desarrollo y utilización responsable de sistemas de inteligencia artificial, bajo principios de legalidad, derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.

También destacó que el Consejo General aprobó lineamientos para la cobertura informativa del Proceso Electoral Federal 2026-2027, mediante los cuales se recomienda transparentar el empleo de inteligencia artificial cuando sea utilizada para crear o modificar materiales que puedan presentarse como hechos o declaraciones auténticas.

Otro de los frentes de atención es la propaganda política en internet, donde el consejero informó que el Instituto trabaja en herramientas destinadas a mejorar la detección y seguimiento de publicidad electoral en redes sociales, así como en mecanismos que permitan identificar aquellos contenidos que deban ser considerados dentro de los procesos de fiscalización.

El objetivo, explicó, es avanzar hacia una mayor claridad sobre quién financia la comunicación política en plataformas digitales y cuál es el destino de los recursos utilizados para su difusión.

Al cierre de la mesa, las personas participantes coincidieron en que la respuesta frente a los riesgos digitales no puede limitarse a la regulación, y consideraron indispensable impulsar la alfabetización mediática, fortalecer la cultura democrática y desarrollar sistemas de verificación que permitan a la población distinguir información confiable de contenidos manipulados.

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