La consejera electoral Carla Humphrey calificó como “gravísimo” que el Instituto Nacional Electoral (INE), una autoridad del Estado mexicano que sirve de ejemplo internacional, enfrente cuestionamientos por asuntos de corrupción, por lo que subrayó la necesidad de deslindar responsabilidades y aplicar sanciones.
Afirmó que los consejeros electorales se enteraron de la renuncia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, mediante el comunicado difundido públicamente, por lo que sostuvo que esperarán a que el proceso se realice de manera oficial para comenzar a operar institucionalmente.
Precisó que, conforme a la ley, ante una ausencia definitiva en la presidencia, el Consejo General nombrará una presidencia provisional entre sus integrantes y notificará a la Cámara de Diputados para iniciar el procedimiento de convocatoria constitucional.
Asimismo, Humphrey urgió a abrir toda la información, rendir cuentas a la ciudadanía y activar procedimientos de investigación tanto internos como externos, incluyendo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o auditorías independientes, garantizando al mismo tiempo que el instituto continuará con la organización del proceso electoral para brindar certeza a la población.
Las declaraciones se producen en medio de un escándalo por presuntos abusos de autoridad, privilegios y conflictos de interés al interior del organismo electoral. Entre las acusaciones difundidas figura la divulgación de un video en el que se observa a un contratista del INE junto al hijo de Taddei en un hotel de lujo en París.
A esto se suman los antecedentes publicados por Reforma y Latinus sobre conflictos de interés y presuntos actos de corrupción en contratos públicos adjudicados por personal avalado por Taddei.
Entre los señalados están Jesús Octavio García González, quien fue nombrado director de Administración del instituto en septiembre de 2025, después de haber fungido como representante legal de Corporativo Zeg para obtener un contrato de casi 200 millones de pesos en materiales para la elección judicial.
García González renunció a su cargo administrativo en abril de 2026, tras ser denunciado formalmente por conflicto de interés y abuso de funciones ante el Órgano Interno de Control del propio organismo.
Asimismo, documentos oficiales revelaron que Jonathan Navarrete Torres cobró un salario mensual de 45 mil 765 pesos como chofer con plaza de jefe de departamento, mientras ostentaba un poder notarial para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg que omitió en su manifestación de bienes.
Un video difundido en el noticiero del periodista Carlos Loret de Mola en Latinus exhibe a José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del Instituto Nacional Electoral (INE), en un hotel de lujo en París, Francia, junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei.
Ante la acumulación de cuestionamientos y la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar su gestión, Guadalupe Taddei hizo pública su separación de la presidencia del instituto.
Ante este escenario, la Cámara de Diputados, a través del diputado Ricardo Monreal, adelantó que se alista el procedimiento legal para nombrar una presidencia provisional dentro del Consejo General mientras se desarrolla el proceso formal para la designación de la nueva titularidad del INE.