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Estado de México apuesta por traductores y defensores con enfoque intercultural

* Un nuevo paradigma de justicia para pueblos originarios……

Por Mireya Álvarez

En una apuesta sin precedentes por garantizar el acceso pleno a la justicia de los pueblos originarios, el Poder Judicial del Estado de México avanza firmemente en la profesionalización de traductores y defensores con enfoque intercultural, como parte de una estrategia que busca erradicar décadas de invisibilización y discriminación en los procesos judiciales.

En entrevista en conjunta con la titular de la Comisión Myrna García Morón, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Díaz Juárez, informó que ya existe un convenio con la Universidad Intercultural, y que se está trabajando para formar más traductores especializados en lenguas originarias. “Entre más traductores tengamos, mejores serán las condiciones y oportunidades de afrontar un juicio para cualquier persona indígena”, declaró. Asimismo, subrayó que el trabajo también se extiende al ámbito de la defensa legal, en coordinación con la Consejería Jurídica del estado.

Sin embargo, Díaz Juárez fue enfático en señalar que hace falta una fiscalía especializada con visión de interculturalidad, pues sin ella, dijo, “no vamos a poder cerrar la pinza” en el proceso integral de justicia para personas indígenas.

Hasta la fecha, la CODHEM ha presentado 23 solicitudes de amnistía, de las cuales seis corresponden a personas indígenas. Solo una fue rechazada, dos están pendientes, y una enfrenta un obstáculo económico: el caso de Tomás Crisanto, indígena otomí de Temoaya, cuya reparación del daño asciende a más de 600 mil pesos, mientras que el fondo público aprobado por la gobernadora Delfina Gómez solo cubre hasta 300 mil pesos, así lo informó la titular de la Comisión Myrna García.

“El Estado de México es el único que ha logrado esto”, subrayó. Gracias a este modelo interinstitucional, se ha logrado la liberación de personas con penas acumuladas de hasta 409 años y seis meses, mediante un trabajo articulado entre el Poder Judicial, la CODHEM, la Defensoría Pública y otras dependencias.

Fernando Díaz recalcó que esta transformación no es producto del azar, sino del compromiso y la voluntad política de todos los actores involucrados. “Es lo que se puede lograr cuando convergen voluntades para proteger a grupos históricamente vulnerados”, afirmó. En este sentido, reconoció el papel de la CODHEM y de su presidenta, a quien calificó como una aliada fundamental.

De igual manera el jurista indicó que el reciente Observatorio de Pueblos Originarios y Afromexiquenses, impulsado por el Poder Judicial mexiquense, es otro de los mecanismos destinados a visibilizar y estudiar casos con violaciones graves a derechos humanos, y generar soluciones estructurales.

Actualmente informó se trabaja en la integración de un padrón de personas indígenas privadas de la libertad, alimentado por información que cada institución y colectivo ha compartido. Aunque no se tiene un plazo fijo para su conclusión, se espera un avance sustantivo en la próxima sesión extraordinaria, a celebrarse en 15 días.

“El padrón permitirá trazar rutas estratégicas y atender cada caso desde el respeto a la dignidad humana, los derechos colectivos y una justicia verdaderamente intercultural”, explicó.

García Morón recordó que estos casos también evidencian la necesidad de reformar la Ley de Amnistía, que actualmente impone límites que podrían dejar fuera a otras personas en condiciones similares. “Mientras eso no ocurra, apelaremos a la interpretación constitucional”, afirmó.

Además, destacó que los jueces de control solían conocer individualmente estos casos, pero ahora, por decisión del presidente del Tribunal, se canalizan a una sala especializada con enfoque intercultural, lo que permite un trato cuidadoso y diferenciado.

“La agenda de derechos humanos e interculturalidad es enorme y no tiene un fin próximo”, reconoció Díaz Juárez. Aun así, enfatizó que este cambio de paradigma basado en la colaboración interinstitucional y el respeto es una muestra clara de que el Estado de México camina hacia una justicia más humana y equitativa.

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