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Exigen al Congreso del Estado de México la revisión de 87 solicitudes de amnistía para “falsos culpables”

* El colectivo “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos” advierte que el 70% de las detenciones ocurrieron bajo supuesta flagrancia y exige la intervención de expertos independientes bajo estándares de la CIDH y acusan fallas estructurales en el Sistema Penal Acusatorio mexiquense……

Por Mireya Álvarez

El colectivo “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos” A.C. (PIDH) entregó este día un bloque de 87 solicitudes de amnistía ante la Comisión de Seguimiento a los Casos de Amnistía (CSCA) de la Legislatura mexiquense, con el propósito de liberar a personas privadas de la libertad que aseguran son inocentes y víctimas de delitos fabricados.

En conferencia de prensa, el fundador de la organización y expreso político, José Humbertus Pérez Espinoza, acompañado por los activistas Beda Sarmiento Gutiérrez, María Julihet Ramírez Arreola, Ariadna Berenice Carballo y Gabriela Flores Salazar, denunció graves fallas estructurales en el sistema de procuración de justicia de la entidad.

Aunado a ello, el colectivo sostuvo que la existencia masiva de “falsos culpables” por delitos de alto impacto en el Estado de México evidencia “el fracaso en la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal, Adversarial y Oral (SJPAO)”.

De acuerdo con el desglose presentado, de las 87 solicitudes, 37 corresponden a casos de homicidio, 15 por secuestro, 13 por violación, 10 por robo de vehículo, nueve por extorsión y cinco por robos diversos

Asimismo, Pérez Espinoza detalló que el 70 por ciento de estas detenciones ocurrieron bajo la “presunta flagrancia” y no mediante órdenes de aprehensión formal, lo que constituye un indicio claro de detenciones ilegales, arbitrarias y de fabricación sistemática de carpetas de investigación.

“Las fiscalías especializadas omiten aplicar los protocolos debidos de investigación inicial y complementaria, limitándose a sustentar los procesos penales únicamente en pruebas testimoniales o imputaciones sin sustento técnico, lo que deriva en sentencias condenatorias de larga duración contra inocentes”, explicó.

El PIDH criticó la presentación de la plataforma digital de la CSCA realizada el pasado 30 de octubre, al señalar que “no se dieron a conocer los lineamientos operativos ni se especificó la participación de personas expertas” cuando la naturaleza del asunto lo amerite.

Ante este panorama, la organización respaldó su exigencia en los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual sugiere el uso de grupos de expertos independientes de alto nivel técnico y con reputación en derechos humanos, medicina forense o derecho penal para coadyuvar, investigar y garantizar una verdadera justicia.

Los activistas advirtieron que, si el grupo legislativo y los expertos del Poder Legislativo no analizan y resuelven favorablemente estas peticiones, “se interpondrán juicios de amparo indirecto” ante la inconstitucionalidad de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial del Estado de México (PJEM).

Además, denunciaron que el PJEM estaría usurpando facultades constitucionales que corresponden al Poder Legislativo en materia de amnistías, advirtiendo que los órganos jurisdiccionales no deben restar autonomía a las decisiones del Congreso local.

Para comprobar las deficiencias del sistema de justicia, enfatizaron que las 87 solicitudes presentadas se acompañan de dos unidades de memoria USB que contienen bases de datos detalladas; a la par el colectivo subrayó que estas peticiones se sustentan en nueve pruebas clave, “las cuales corresponden a diversas controversias ganadas ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) en contra de instancias como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el propio Poder Legislativo y el Poder Judicial estatal”.

Finalmente, subrayaron que la intervención de expertos independientes es determinante no solo para acreditar la inocencia de las personas procesadas injustamente, sino para definir si el SJPAO en el Estado de México corregirá su rumbo o continuará operando como una maquinaria de fabricación de delitos.

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