Luego de confirmarse que 64 de los 125 municipios del Estado de México no recibirán recursos federales este año por incumplir con los exámenes de control de confianza en sus mandos de seguridad, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, llamó a que los titulares que no acrediten dichas evaluaciones sean sustituidos de manera inmediata.
Recordó que recientemente el Congreso local aprobó reformas en materia de seguridad que facultan a la Secretaría de Seguridad del Estado de México para coordinar la estrategia contra la violencia en la entidad, por lo que consideró indispensable que los municipios actúen con responsabilidad y cumplan con los lineamientos establecidos.
Señaló que diversas alcaldías, por omisión o por priorizar agendas ajenas a las necesidades de seguridad, incurrieron en incumplimiento, situación que impacta directamente en la recepción de recursos fundamentales para fortalecer a las corporaciones policiacas.
Indicó que, con respeto a la autonomía municipal, debe exigirse la salida de comisarios o directores de seguridad que no estén dando cumplimiento a los exámenes, y nombrar perfiles con mayor responsabilidad y compromiso institucional.
A inicios de año, la SSEM confirmó que la entrega de recursos federales estaría condicionada al cumplimiento de los exámenes de control de confianza, y detalló que 64 ayuntamientos se encuentran en dicho supuesto, por lo que deberán regularizarse para poder acceder nuevamente a los fondos.
El financiamiento proviene del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que el año pasado ascendió a 658 millones de pesos, de los cuales más de 133 millones fueron distribuidos entre los 125 municipios mexiquenses, recursos destinados a la formación de elementos, equipamiento, telecomunicaciones, infraestructura y fortalecimiento institucional.
Además, el legislador reiteró su llamado a homologar claves, señales y cuadrantes de los cuerpos de seguridad municipales, al advertir que actualmente no coinciden con los esquemas operativos de la Secretaría de Seguridad estatal, lo que calificó como un problema grave que debilita la coordinación y la capacidad de respuesta ante la delincuencia.
