* El OSFEM deberá entregar los resultados de la fiscalización del ejercicio 2025 antes del 15 de noviembre, mientras crecen las exigencias de esclarecer irregularidades, identificar responsabilidades y comprobar que las observaciones no terminen archivadas sin consecuencias……
Por Martha Romero
La fiscalización de los recursos públicos del Estado de México entra en una etapa decisiva ante la próxima entrega de resultados de 180 auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2025, proceso que permitirá revisar el manejo presupuestal de administraciones municipales y organismos públicos, particularmente en una entidad donde la transparencia y rendición de cuentas continúan representando desafíos institucionales.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), encabezado por Liliana Dávalos Ham, tiene como fecha límite el 15 de noviembre para presentar los informes, documentos que deberán revelar posibles observaciones relacionadas con contratación de servicios, ejecución de obras, adquisiciones, comprobación de gastos y cumplimiento de obligaciones administrativas.
Uno de los principales cuestionamientos será determinar cuántas auditorías fueron programadas originalmente, cuántas concluyeron efectivamente y si existieron modificaciones durante los procedimientos, porque anunciar revisiones no garantiza una fiscalización exhaus tiva de los recursos ejercidos.
También será indispensable identificar los municipios con observaciones relevantes, los montos involucrados y las posibles responsabilidades de servidores públicos, siempre que las investigaciones correspondientes acrediten incumplimientos de la legislación.
La presentación de informes no debe convertirse en un trámite burocrático donde las irregularidades permanezcan documentadas durante años sin traducirse en aclaraciones, recuperación de recursos o sanciones cuando legalmente procedan.
Especial atención merecerán los contratos de obra pública, servicios y adquisiciones, particularmente aquellos relacionados con necesidades prioritarias de la población, donde cualquier posible incumplimiento deberá investigarse mediante expedientes completos y pruebas verificables.
Asimismo, será necesario distinguir entre observaciones administrativas, recursos pendientes de aclaración y posibles daños patrimoniales, evitando atribuir responsabilidades antes de que concluyan los procedimientos correspondientes.
El Congreso mexiquense deberá revisar rigurosamente los informes y exigir seguimiento puntual a los hallazgos, sin limitarse a recibir estadísticas o explicaciones generales.
El verdadero resultado de las 180 auditorías no será acumular expedientes, sino garantizar que las irregularidades detectadas sean esclarecidas y que las responsabilidades acreditadas tengan consecuencias.
