* Aseguran que los trabajadores procesados solo realizaban funciones administrativas y demandan que las autoridades identifiquen a los verdaderos responsables de la presunta red de corrupción……
Por Mireya Álvarez
El caso de la presunta red de corrupción dedicada a la venta de plazas en la Secretaría de Educación del Estado de México volvió a generar inconformidad social, luego de que familiares de diez trabajadores detenidos se manifestaran frente a los juzgados anexos al penal de Santiaguito para denunciar que las investigaciones, aseguran, están dirigidas contra empleados sin capacidad de decisión, mientras los responsables de mayor jerarquía permanecen sin ser procesados.
Las detenciones forman parte de una investigación emprendida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sobre un supuesto esquema de comercialización ilegal de plazas docentes, en el que también han sido señalados exfuncionarios de alto nivel de la administración estatal pasada; el caso ha colocado nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de asignación de plazas dentro del sistema educativo mexiquense.
No obstante, los familiares de los trabajadores procesados sostienen que sus parientes únicamente realizaban labores de captura de información y operación administrativa, ante ello, afirman que carecían de facultades legales para aprobar nombramientos o autorizar altas de personal, por lo que consideran que las imputaciones en su contra buscan presentar resultados sin llegar a quienes presuntamente dirigían la estructura.
Durante la protesta, los manifestantes insistieron en que la autoridad debe revisar la cadena de mando dentro de la dependencia, ya que, según su versión, las claves de acceso al sistema eran utilizadas también por superiores jerárquicos, quienes contaban con atribuciones para realizar modificaciones y autorizar movimientos de personal.
Los inconformes también denunciaron presuntas anomalías durante los operativos de detención, ya que relataron que uno de los domicilios fue cateado cuando el trabajador señalado ya había sido asegurado por las autoridades, situación que, afirmaron, derivó en daños materiales y afectaciones a la familia.
Otro de los argumentos expuestos por los familiares es que no existen evidencias de un enriquecimiento acorde con las cantidades millonarias que las autoridades atribuyen al presunto negocio ilícito. Por ello, solicitaron que se practiquen investigaciones patrimoniales y financieras a los imputados para demostrar que no obtuvieron ganancias derivadas de la supuesta venta de plazas.
Mientras se desarrollaba la audiencia para definir la situación jurídica de los detenidos, los manifestantes reiteraron su llamado al Poder Judicial para que el proceso se conduzca con imparcialidad y se valoren todas las pruebas incorporadas a la carpeta de investigación.
A su juicio, el combate a la corrupción en el sistema educativo debe alcanzar a todos los involucrados y no limitarse al personal operativo. “Queremos que se investigue a quienes daban las órdenes y autorizaban las plazas”, expresaron, al sostener que únicamente una indagatoria integral permitirá esclarecer el funcionamiento de la presunta red y deslindar responsabilidades conforme a derecho.
