* Funcionarios ambientales son investigados por una presunta red que habría convertido verificaciones, permisos y clausuras en herramientas para exigir pagos millonarios a empresarios……
Por Karina Libien
Lo que debería funcionar como una estructura gubernamental destinada a proteger el medio ambiente pudo haberse convertido en una auténtica maquinaria de presión económica contra empresarios del Estado de México, las acusaciones contra funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible son suficientemente graves para impedir que el caso sea presentado simplemente como la conducta irregular de dos servidores públicos, porque las cantidades señaladas, el número de establecimientos presuntamente afectados y la aparente organización necesaria para mantener semejante operación obligan a investigar hasta dónde alcanzaba la red.
Raúl Piña Horta, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, fue detenido en Acapulco, mientras Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, fue localizado en la Ciudad de México, ambos permanecen sujetos al proceso correspondiente y las responsabilidades deberán ser determinadas judicialmente. Sin embargo, políticamente las preguntas ya están sobre la mesa,
Cobrar para no clausurar
De acuerdo con las investigaciones, servidores públicos, exfuncionarios y particulares habrían integrado una estructura que utilizaba inspecciones, clausuras y revalidaciones como mecanismos de presión, la acusación resulta particularmente escandalosa porque significaría que facultades otorgadas por el Estado para garantizar el cumplimiento ambiental pudieron utilizarse precisamente para obtener beneficios particulares.
La mecánica denunciada parece diseñada para explotar el miedo empresarial, las inspecciones presuntamente eran programadas los viernes y los propietarios enfrentaban la posibilidad de permanecer clausurados durante todo el fin de semana, evitarlo habría significado entregar cantidades de entre 500 mil y 800 mil pesos.
En los verificentros, las cuotas mensuales presuntamente oscilaban en-tre 100 mil y 250 mil pesos dependiendo del número de carriles, re-presentantes del sector han señalado afectaciones en 145 de los 168 centros existentes, además, se habrían solicitado hasta 500 mil pesos por carril para garantizar renovaciones de permisos correspondientes a 2027.
Si esas cifras son acreditadas, no estaríamos hablando de mordidas ocasionales, sino de un posible sistema de recaudación ilegal construido alrededor del aparato público.
¿Quién permitió semejante operación?
La Fiscalía mexiquense sostiene que solamente los pagos destinados a impedir cierres de líneas de verificación podían representar varias decenas de millones de pesos mensuales, dinero que presuntamente era entregado en efectivo.
Aquí aparece la pregunta que ninguna detención debería borrar, ¿cómo podría funcionar durante meses una operación de semejante tamaño sin que nadie en los niveles superiores detectara movimientos anormales, inconformidades empresariales, clausuras sospechosas o irregularidades administrativas?.
Piña Horta asumió el cargo en octubre de 2023, ya durante la administración encabezada por Delfina Gómez, empresarios han señalado que determinadas presiones venían desde el gobierno anterior de Alfredo del Mazo, pero también aseguran que posteriormente se intensificaron, precisamente por eso resulta indispensable investigar ambos periodos sin utilizar el pasado como escudo ni el presente como sentencia anticipada, sin dejar de mencionar que, debe investigarse a quienes señalan de la administración Delmacista.
La secretaria debe explicar
La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezada por Alhely Rubio Arronis, tiene una responsabilidad institucional imposible de evadir, ello no significa atribuirle participación en los hechos sin pruebas, significa exigirle explicar públicamente cómo operaban sus áreas de control de emisiones, cuáles eran los mecanismos internos de supervisión y por qué las denuncias empresariales no habrían provocado antes una revisión profunda.
Cuando dos mandos relevantes de una dependencia terminan detenidos por acusaciones relacionadas directamente con las funciones que desempeñaban, la respuesta política no puede limitarse a decir que las instituciones están funcionando porque finalmente hubo capturas.
Las instituciones también deben explicar por qué supuestamente fallaron antes.
Otro golpe a la administración
El episodio se suma al escándalo relacionado con funcionarios y exfuncionarios de Educación y Oficialía Mayor investigados por una presunta estructura de venta de plazas docentes que habría operado desde 2021.
Dos investigaciones de esta dimensión obligan a revisar mucho más que responsabilidades individuales, el problema central consiste en determinar si dentro de determinadas áreas gubernamentales existieron redes capaces de aprovechar cargos, procedimientos y facultades administrativas para obtener dinero.
La captura de los funcionarios ambientales requirió coordinación entre autoridades mexiquenses y federales, además de instituciones de Guerrero y Ciudad de México, la Fiscalía ha señalado que las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión.
No bastan dos detenidos
El peor desenlace sería cerrar políticamente el caso presentando a dos funcionarios como responsables absolutos de todo.
Si existió una estructura con servidores públicos, exfuncionarios y particulares, deben conocerse sus integrantes, operadores, beneficiarios, mecanismos financieros y posibles protectores, también deberá determinarse si hubo empresarios despojados mediante procedimientos administrativos simulados y quién terminó beneficiándose de concesiones o infraestructura.
La responsabilidad penal corresponde establecerla a los tribunales, pero la responsabilidad política exige respuestas desde ahora pues, si una dependencia encargada de proteger el medio ambiente pudo utilizar inspecciones y permisos para presuntamente extorsionar, entonces el problema no termina en quienes cobraban, comienza precisamente ahí.
El Estado de México necesita saber quién permitió que la autoridad pudiera convertirse en amenaza, quién vigilaba a los vigilantes y, sobre todo, hasta dónde llegaba una red que presuntamente encontró en el poder público una extraordinaria oportunidad para hacer negocio.
