* CJNG y Familia Michoacana disputan municipios mientras fracasa la estrategia de seguridad……
Por Karina Rocha
El Estado de México se ha convertido en un territorio donde la extorsión dejó de ser un delito aislado para transformarse en un sistema de control criminal que avanza frente a gobiernos rebasados, instituciones debilitadas y estrategias de seguridad incapaces de contener la expansión de grupos delictivos que hoy disputan regiones completas de la entidad, mientras la ciudadanía vive atrapada entre amenazas, cobros ilegales y miedo permanente.
El más reciente informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México expone una realidad imposible de ocultar, al menos 30 organizaciones criminales y grupos con apariencia de sindicato operan actividades de extorsión en territorio mexiquense, destacando la presencia de la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, organizaciones que coinciden en al menos 11 municipios donde hubo detenciones de presuntos integrantes entre abril de 2025 y marzo de 2026.
Lejos de representar un avance institucional, las cifras exhiben el tamaño del fracaso, porque aunque fueron iniciadas mil 729 carpetas de investigación y detenidas 950 personas, la violencia, las amenazas y el control criminal continúan creciendo en amplias zonas del estado, demostrando que la política pública de seguridad sigue concentrada en reaccionar mediáticamente ante los delitos y no en desmantelar las estructuras financieras, territoriales y políticas que permiten la operación criminal.
Un estado bajo control criminal
La presencia simultánea de la Familia Michoacana y el CJNG en municipios como Toluca, Almoloya de Juárez, Tenango del Valle, Zinacantepec, Chalco, Chimalhuacán y Atizapán de Zaragoza confirma que el Estado de México ya no enfrenta únicamente células dispersas, sino disputas territoriales abiertas entre organizaciones que buscan controlar rutas, cobros, comercios, transporte y actividades económicas completas.
La situación resulta todavía más grave en municipios como Ecatepec, donde fueron detectadas tres o más organizaciones vinculadas con extorsión, reflejando que la capacidad del Estado para garantizar seguridad prácticamente colapsó en diversas regiones urbanas y rurales.
Mientras las autoridades presumen operativos, conferencias y estadísticas de detenciones, miles de comerciantes, transportistas, empresarios y familias continúan pagando cuotas para sobrevivir, trabajando bajo amenazas constantes y enfrentando un sistema donde denunciar significa exponerse a represalias o incluso a la muerte.
La expansión criminal también deja al descubierto una falla estructural, durante años se permitió el crecimiento de organizaciones disfrazadas de sindicatos, grupos de choque o pseudo asociaciones sociales que terminaron funcionando como brazos de presión, extorsión y control territorial sin que existiera una intervención efectiva del Estado.
Operativos sin resultados reales
El gobierno mexiquense insiste en vender una narrativa de combate frontal a la delincuencia, sin embargo, los propios datos oficiales evidencian que las detenciones no han frenado el avance criminal, porque si dos de las organizaciones más peligrosas del país siguen operando simultáneamente en regiones estratégicas, entonces la contención simplemente no existe.
Las cifras de personas vinculadas a proceso o sentenciadas tampoco modifican la percepción social de inseguridad, porque la ciudadanía no mide la eficacia institucional con boletines oficiales, sino con la realidad cotidiana de negocios cerrados por amenazas, transportistas asesinados, comerciantes obligados a pagar piso y comunidades enteras dominadas por el miedo.
En el Valle de Toluca, en el sur mexiquense y en municipios del Valle de México, la presencia criminal dejó de ser clandestina, hoy forma parte de la vida diaria ante la incapacidad gubernamental de recuperar territorios donde las organizaciones delictivas imponen reglas, castigos y cobros con mayor eficacia que muchas autoridades locales.
Seguridad convertida en discurso
El problema de fondo es que la seguridad pública en el Estado de México parece haberse reducido a una estrategia de impacto mediático, basada en anuncios, despliegues temporales y cifras que intentan mostrar control, mientras la realidad demuestra exactamente lo contrario.
Cada nuevo mapa de detenciones confirma que el crimen organizado no retrocede, se redistribuye, se adapta y amplía su influencia, aprovechando la debilidad institucional, la corrupción, la impunidad y la ausencia de políticas preventivas reales.
El resultado es devastador, municipios completos atrapados entre organizaciones criminales, ciudadanos abandonados por las autoridades y un estado que, pese a los discursos oficiales, sigue perdiendo terreno frente a grupos que encontraron en la extorsión uno de los negocios más rentables y menos combatidos del país.
