Por Karina A. Rocha Priego
Gobernadores, senadores, alcaldes y exfuncionarios emanados de Morena aparecen cada vez con mayor frecuencia en procesos penales, investigaciones o denuncias. Aunque cada expediente tiene un estatus jurídico distinto y debe respetarse la presunción de inocencia, el costo político para el partido crece con cada nuevo caso.
La bandera que comienza a desgastarse
Cuando Morena llegó al poder prometió romper definitivamente con las prácticas que durante décadas identificó como la esencia del viejo régimen: corrupción, impunidad y abuso del poder.
Su principal capital político no fue únicamente un proyecto de gobierno, sino una autoridad moral que aseguró distinguirlo de PRI, PAN y PRD.
El mensaje era contundente: quienes llegaban al poder no serían iguales a quienes durante años fueron señalados por enriquecerse desde los cargos públicos.
Ocho años después, esa narrativa enfrenta su mayor prueba.
No porque exista una sentencia que condene al partido como institución, sino porque la lista de gobernadores, exgobernadores, senadores, alcaldes y exfuncionarios de Morena relacionados con procesos judiciales, investigaciones penales o denuncias administrativas aumenta de manera constante.
Cada expediente tiene una situación jurídica distinta y corresponde a las autoridades determinar responsabilidades individuales. Sin embargo, políticamente el efecto acumulado resulta imposible de ignorar.
La promesa de ser diferentes comienza a chocar con una realidad mucho más incómoda.
Los expedientes llegan hasta las más altas esferas
Uno de los casos de mayor impacto es el del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, vinculado a proceso por abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de facultades en torno al proyecto de la planta fotovoltaica de Next Energy; la Fiscalía sostiene que se comprometieron recursos públicos para una obra que nunca obtuvo los permisos necesarios y jamás se concretó.
En Sinaloa, el panorama resulta todavía más delicado, pues el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya enfrenta acusaciones formuladas en Estados Unidos relacionadas con una presunta colaboración con integrantes de “Los Chapitos”, protección institucional y recepción de beneficios políticos y sobornos. Rocha Moya ha rechazado las imputaciones y solicitó licencia para enfrentar el proceso.
Dentro del mismo expediente estadounidense aparece el senador de Morena y exsecretario de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, señalado por presuntas reuniones y acuerdos para proteger a integrantes del Cártel de Sinaloa y será la evolución de esos procedimientos la que determine su situación jurídica, pero políticamente el solo hecho de que un gobernador y un senador aparezcan en una acusación internacional representa un golpe severo para la narrativa oficial.
Segalmex: la herida que no deja de crecer
Si existe un caso que simboliza las contradicciones del discurso anticorrupción es Segalmex.
Lo que comenzó como un organismo destinado a fortalecer la seguridad alimentaria terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años.
Entre los principales procesados figura René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa, detenido y vinculado a proceso por diversas causas relacionadas con delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero y operaciones presuntamente simuladas.
Uno de los expedientes corresponde a una compra ficticia de azúcar que habría ocasionado un daño patrimonial superior a 142 millones de pesos.
También aparece Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial de Segalmex, detenido en Argentina por investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero derivados del mismo esquema.
Más allá de la responsabilidad individual que determine la justicia, Segalmex dejó de ser un caso aislado para convertirse en un símbolo del enorme desafío que enfrenta Morena cuando intenta sostener que la corrupción quedó atrás únicamente porque cambió el partido gobernante.
La corrupción también golpea a los municipios
Los problemas tampoco terminan en el ámbito federal.
En Tequila, Jalisco, el alcalde morenista Diego Rivera Navarro fue detenido dentro de una investigación que lo señala como presunto líder de una red de corrupción y extorsión contra comerciantes y empresas tequileras.
Junto con él fueron detenidos Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas, cuyas investigaciones los relacionan con presuntos cobros ilegales, amenazas, clausuras indebidas y posibles vínculos con actividades criminales.
Corresponderá a los tribunales establecer responsabilidades, pero el caso ilustra cómo las investigaciones ya no alcanzan únicamente a un servidor público, sino a estructuras completas de gobierno.
En el Estado de México aparece la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, vinculada a proceso después de que la Fiscalía mexiquense la acusó de participar en la presunta simulación de su secuestro para justificar un faltante cercano a 40 millones de pesos del erario municipal.
Ella cuenta con el derecho a defenderse durante el proceso y la resolución definitiva corresponderá al Poder Judicial, pero el expediente ha generado un fuerte impacto político.
La lista continúa con Tania Vanessa Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, detenida y vinculada a proceso por presunto peculado y ejercicio abusivo de funciones; Antonio Villalobos Adán, exalcalde de Cuernavaca, detenido y procesado por presunto ejercicio abusivo de funciones relacionado con recursos del sistema de agua potable; y la exregidora Anayeli “N”, vinculada al mismo expediente por presuntas omisiones como integrante de la junta de gobierno del organismo operador.
Ninguno de estos casos permite, por sí mismo, concluir responsabilidades penales definitivas, toda vez que esa decisión corresponde exclusivamente a los tribunales, sin embargo, desde el punto de vista político, el panorama comienza a ser difícil de explicar.
Cuando los nombres de gobernadores, senadores, alcaldes, exalcaldes y altos funcionarios aparecen una y otra vez en investigaciones o procesos judiciales, la promesa de que Morena sería una excepción frente a los viejos vicios del poder empieza a perder fuerza, y ese desgaste, más allá del resultado de cada juicio, constituye ya una factura política que el movimiento no puede ignorar… Continuará
