* Abren 110 expedientes por presuntos abusos internos y omisiones……
Por Martha Romero
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México presume una depuración interna al anunciar la apertura de 110 expedientes por señalamientos contra servidores públicos, sin embargo el volumen de investigaciones, la baja judicialización y la escasa colaboración de víctimas exhiben una crisis estructural de credibilidad, control interno y combate real a la corrupción dentro de una de las instituciones más cuestionadas por la ciudadanía.
Una respuesta reactiva más que preventiva
El inicio de 67 investigaciones de oficio y la recepción de 43 denuncias derivadas de publicaciones en redes sociales y otros espacios públicos no refleja una estrategia sólida de vigilancia interna, sino una reacción tardía ante la presión mediática y social, la Fiscalía no detectó irregularidades por mecanismos propios, actuó cuando los señalamientos ya circulaban abiertamente, lo que evidencia fallas profundas en los sistemas de supervisión, evaluación y control del personal.
Del análisis inicial se desprenden acusaciones contra 39 servidores públicos de la propia institución y ocho personas ajenas, de estas últimas cinco ni siquiera han podido ser identificadas plenamente, lo que abre la puerta a la simulación, a la impunidad y a la narrativa de que muchos expedientes nacen sin sustento suficiente y están condenados al archivo, la incapacidad para identificar a presuntos responsables habla tanto de la fragilidad de las denuncias como de la debilidad investigadora.
Policías señalados y procesos a medio camino
Entre los datos más delicados se encuentra la probable intervención de ocho policías de investigación en uno o más ilícitos, dos acusados de extorsión y seis de usurpación de funciones públicas, aunque la Fiscalía presume haber ejercido acción penal, lo cierto es que los implicados apenas esperan audiencia de formulación de imputación, es decir aún no existe una resolución judicial que marque un precedente contundente.
A otros 20 elementos señalados se les mantiene bajo investigación sin indicios suficientes para imputación, pero con procedimientos administrativos en curso, una figura recurrente que suele diluir responsabilidades y prolongar decisiones clave, mientras que en 11 casos se concluyó que no existía relación alguna con conductas delictivas, resoluciones que rara vez se explican con claridad y que alimentan la percepción de encubrimiento interno.
Archivos temporales y víctimas ausentes
Uno de los puntos más críticos del informe es la determinación de archivo temporal en 43 expedientes, bajo el argumento de que las publicaciones analizadas no configuran delitos conforme al artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta figura legal aunque válida se ha convertido en una vía recurrente para cerrar investigaciones incómodas sin agotar líneas de indagatoria.
A ello se suma un dato alarmante, de 41 presuntas víctimas contactadas por el Ministerio Público solo tres acudieron a rendir entrevista desde el 19 de enero, la Fiscalía atribuye esto a la falta de colaboración ciudadana, pero omite reconocer el miedo, la desconfianza y el descrédito que genera denunciar a una institución señalada reiteradamente por corrupción, abusos y filtraciones, la ausencia de víctimas no es casualidad, es síntoma de una ruptura entre autoridad y sociedad.
Incluso se reconoce que uno de los señalados por supuestas prácticas extorsivas en 2025 falleció en cumplimiento de su deber en 2020, un error grave que deja en evidencia la ligereza con la que se incorporan señalamientos a expedientes oficiales, debilitando la seriedad del proceso y restando legitimidad a las acciones anunciadas.
Medidas administrativas que no atacan el fondo
La Fiscalía informó sobre la detección de 34 vehículos relacionados con los hechos, 22 oficiales y 12 ajenos, dos unidades aseguradas y 98 vehículos concentrados de manera preventiva, además de una circular interna para reforzar el uso de uniformes, gafetes y troqueles, con advertencia de sanciones hasta la baja definitiva.
Estas acciones administrativas parecen más orientadas al control de imagen que a la erradicación de redes de corrupción, el énfasis en uniformes y vehículos contrasta con la ausencia de una estrategia clara para desmantelar prácticas estructurales como la extorsión, la colusión con el crimen o el uso faccioso del poder institucional.
La detención en flagrancia de 21 individuos con armas, narcóticos, insignias falsas y vehículos, aunque relevante, no logra revertir la percepción de que la Fiscalía actúa de manera fragmentada, reactiva y sin una política integral de depuración, todos los detenidos deberán ser considerados inocentes hasta sentencia condenatoria, pero el daño institucional ya está hecho.
La invitación a denunciar a través de correos electrónicos, líneas telefónicas y aplicaciones oficiales suena vacía mientras no existan garantías reales de protección, seguimiento y sanción ejemplar, la Fiscalía del Edomex enfrenta no solo un problema de conductas individuales, sino una crisis de confianza que no se resolverá con cifras, comunicados ni archivos temporales, sino con resultados judiciales claros, transparencia absoluta y voluntad política para limpiar la casa desde sus cimientos.
