La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada contra Julio Iglesias por una ONG en nombre de dos extrabajadoras del cantante, al que acusaban de presuntas agresiones sexuales y trata, entre otros delitos.
El ministerio público, que había abierto diligencias preprocesales (una especie de investigación previa para analizar si tiene competencias para asumir el caso y si existen indicios para seguir adelante), ha alegado la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” para dar carpetazo al asunto, según consta en una resolución firmada este viernes.
Las mujeres denunciaron que la supuesta actuación ilícita del artista se produjo en 2021 en República Dominicana y Bahamas.
En el escrito de siete páginas, la Fiscalía explica que la Audiencia Nacional, “siguiendo los criterios” fijados por el Tribunal Supremo, ha interpretado “reiteradamente” que “España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”.
Y precisa que, “especialmente”, cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España; cuando los presuntos autores también son extranjeros o no se encuentran en el país; o cuando siendo españoles tampoco están en territorio nacional; o cuando los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron.
En este sentido, el ministerio público subraya que “no existe constancia” de que las autoridades de República Dominicana y Bahamas “hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo”.
La Fiscalía repasa también otros aspectos que condicionaban la puesta en marcha en España de una investigación contra Iglesias por esta denuncia: como que “la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español”; y que las denunciantes no solo carecen de nacionalidad española, sino que tampoco residen en este país, ni mantienen aquí “su centro de vida, intereses o actividad”, “ni han viajado” con el artista a España.
La organización Women’s Link Worldwide presentó la denuncia a principios de enero en nombre de las dos exempleadas. Amnistía Internacional colaboró dando apoyo a las víctimas. Women’s Link subrayó que rechazaba acudir a la justicia de República Dominicana y Bahamas. E indicó que optaba por España porque “tiene unas leyes de protección contra la trata y contra las violencias de género, a través de los tratados internacionales de los que es parte y de su desarrollo legislativo, que pueden dar acceso a la justicia a estas mujeres”. Para intentar que la Audiencia Nacional asumiera el caso, la asociación se aferraba a la nacionalidad española de Iglesias.
Las dos ONG califican de “lamentable” la decisión de la Fiscalía, que “pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia” que ambas denunciantes (cuyos pseudónimos son Rebeca y Laura, para preservar su identidad) “incluyeron en la denuncia”. Ambas organizaciones reprochan al ministerio público que no haya hecho “un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado”.
“La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas, desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”, dicen en un comunicado.
Las denunciantes “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”, aseveran Women’s Link y Amnistía, sin especificar cuáles serán sus próximos pasos. Y reclaman que se respete su privacidad porque “temen por posibles represalias”. Iglesias publicó el jueves en las redes sociales varios supuestos mensajes de estas mujeres para tratar de desacreditarlas.
