* Éstas incluidas en un contrato de conservación que sigue vigente pero reciben nuevas inversiones públicas, mientras persisten dudas sobre qué está manteniendo realmente la empresa privada……
Por Karina Rocha
El pasado lunes, durante una reunión amistosa con el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, salió a relucir un tema del cual hacía mucho tiempo no escuchaba hablar, como si no fuera del todo importante ya ni para el Estado, ni para los Municipios, sin embargo, el alcalde de Toluca lo tiene muy presente pues, de alguna manera, se interpone con los trabajos que él esta llevando a cabo en la capital mexiquense: los PPS.
Ante esto, Toluca enfrenta hoy una paradoja en materia de infraestructura vial, mientras el Estado de México mantiene vigente hasta 2031 un contrato de Proyecto para Prestación de Servicios (PPS) destinado a conservar carreteras y avenidas estratégicas, el gobierno vuelve a destinar recursos públicos para rehabilitar algunos corredores que originalmente fueron incorporados a ese esquema.
El contrato carretero fue celebrado en febrero de 2011 con Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades, S.A. de C.V., bajo un modelo que buscaba garantizar durante 20 años la disponibilidad y conservación de cientos de kilómetros de infraestructura, incluyendo pavimento, señalamiento, drenaje y otros componentes necesarios para mantener las vías en condiciones adecuadas.
La red considerada originalmente alcanzó aproximadamente 637 kilómetros y dentro de ella aparecen corredores fundamentales para Toluca, entre éstos Paseo Tollocan, Alfredo del Mazo, Calzada al Pacífico, Isidro Fabela, Salvador Díaz Mirón, Adolfo López Mateos y conexiones hacia el aeropuerto, Lerma y la carretera Toluca-Naucalpan, pero el problema aparece cuando esas obligaciones contractuales contrastan con las inversiones que nuevamente realizan las autoridades.
Para 2026, el Gobierno estatal ha anunciado más de 600 millones de pesos para mantenimiento y rehabilitación de vialidades en Toluca, además de más de 107 millones destinados a nuevas obras y dentro de los corredores considerados aparecen Alfredo del Mazo, Paseo Tollocan, Adolfo López Mateos y otras arterias estratégicas.
La pregunta resulta inevitable, ¿por qué deben destinarse nuevamente recursos públicos a vialidades que fueron incorporadas a un contrato cuya finalidad era precisamente garantizar su conservación?
Alfredo del Mazo exhibe la contradicción
Uno de los ejemplos más claros está en Alfredo del Mazo. El corredor Km 1.1 Toluca-Atlacomulco-Vía Alfredo del Mazo-Entronque Paseo Tollocan aparece entre las vialidades relacionadas con el esquema PPS, sin embargo, la Junta de Caminos ha realizado nuevas contrataciones para rehabilitarlo.
Dentro del programa de inversión aparece una rehabilitación por aproximadamente 24.5 millones de pesos para uno de sus cuerpos, posteriormente, el 9 de julio de 2026, autoridades estatales y municipales encabezaron el inicio de otra intervención integral de Alfredo del Mazo, para la cual se anunciaron 30 millones de pesos y trabajos sobre 2.81 kilómetros.
Las cantidades no deben sumarse automáticamente, pues es necesario determinar si corresponden a diferentes cuerpos, etapas o componentes de una misma intervención, pero sí dejan una circunstancia que merece explicación, una vialidad relacionada con el PPS requiere nuevamente inversiones millonarias provenientes del erario.
Una situación semejante aparece en Vialidad Aeropuerto, donde la Junta de Caminos contrató trabajos de rehabilitación para aproximadamente 7.8 kilómetros en territorio de Lerma, San Mateo Atenco y Toluca.
También José López Portillo recibió durante 2026 trabajos sobre aproximadamente 7.2 kilómetros y Paseo Tollocan forma parte de los corredores anunciados para nuevas intervenciones en carriles centrales y laterales.
En estos últimos casos resulta indispensable comparar los kilómetros incluidos contractualmente con los tramos intervenidos antes de hablar de una eventual duplicidad.
Lo que sí está documentado es que gobierno y empresa privada ya no parecen compartir las mismas obligaciones que existían cuando comenzó el PPS.
48 vialidades fuera del mantenimiento
Información conocida durante 2025 reveló una situación todavía más cuestionable, de 56 vialidades que permanecían relacionadas con el contrato, solamente ocho estarían siendo atendidas por la empresa, mientras 48 se encontraban bajo la condición contractual denominada “no disponibilidad”.
Esta figura permite que determinadas carreteras dejen temporalmente de ser responsabilidad del prestador cuando han sufrido modificaciones o intervenciones que alteran las condiciones establecidas contractualmente y, el problema no es únicamente saber por qué llegaron tantas vialidades a esa condición, sino conocer qué ocurre con el dinero.
La contraprestación del PPS carretero se ha ubicado alrededor de 75 millones de pesos mensuales, equivalente a aproximadamente 900 millones anuales, mientras los pagos acumulados desde el comienzo del esquema habrían superado los 8 mil 354 millones de pesos.
Frente a semejante cantidad, las sanciones o descuentos reportados durante años rondarían apenas 19 millones de pesos, una proporción mínima frente al dinero entregado al prestador aunque, esta situación, no permite aún, afirmar que exista un doble pago.
Para demostrarlo sería necesario conocer cuánto se descuenta de la contraprestación por cada vialidad declarada “no disponible” y determinar si las obras financiadas actualmente por el Estado corresponden exactamente a servicios que continúan siendo cobrados por la empresa, pero precisamente ahí se encuentra la información que las autoridades deberían transparentar.
La Junta de Caminos tendría que informar cuáles son las ocho vialidades que actualmente conserva Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades, cuáles de Toluca están formalmente declaradas en “no disponibilidad”, cuánto se descuenta mensualmente por las vías que dejaron de recibir mantenimiento privado y cuánto ha cobrado la compañía durante 2026.
También debería conocerse cuánto dinero adicional está destinándose a recuperar cada corredor originalmente incorporado al PPS.
Las Torres merece tratamiento separado, pues cuenta con otro contrato PPS y durante 2026 mantiene un programa específico de conservación, por lo que no debe confundirse con el contrato carretero analizado.
El problema de fondo está en otro lugar, un contrato diseñado para garantizar vialidades disponibles y conservadas continúa representando una obligación financiera millonaria hasta 2031, mientras decenas de caminos dejaron de ser atendidos por el prestador y el gobierno necesita volver a invertir para rehabilitarlos y Toluca ofrece ahora ejemplos concretos de esa contradicción.
Antes de invertir otro peso, los ciudadanos tienen derecho a conocer algo elemental: qué está pagando actualmente el Estado mediante el PPS, qué está obligado realmente a conservar el particular y por qué algunas vialidades incluidas en ese esquema necesitan nuevamente millones de pesos públicos para ser rehabilitadas. Continuará….
