* La compra de 674 equipos abre dudas sobre su destino, costo y la justificación de adquirir decenas de cafeteras, licuadoras y batidoras con recursos públicos……
Por Karina Rocha
En medio de un escenario en el que el Gobierno del Estado de México enfrenta presiones por seguridad, salud, infraestructura, servicios públicos y rezagos municipales, la Oficialía Mayor abrió este 2 de octubre un procedimiento para adquirir 674 equipos bajo la categoría de “equipos de administración”, entre los que aparecen 386 enmicadoras, 72 relojes checadores con huella digital, 72 máquinas de café expreso, 72 sistemas de cocina 3 en 1 con licuadora y 72 batidoras para fuente de sodas.
La compra se tramita mediante una invitación a cuando menos tres personas y no a través de una licitación pública abierta. El procedimiento está identificado con el expediente IA-74-058-915002994-N-25-2026 y fue publicado formalmente este viernes por la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor. La excepción a la licitación pública se sustenta en el artículo 55, párrafo primero, de la Ley de Adquisicio nes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bajo el supuesto de adquisiciones dentro de los montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos.
72 cafeteras, 72 licuadoras y 72 batidoras
Lo que convierte el procedimiento en un asunto que exige explicación pública no es únicamente el número total de equipos, sino la composición de la compra.
La partida más numerosa corresponde a 386 enmicadoras, seguida de cinco bloques prácticamente simétricos: 72 relojes checadores de huella digital, 72 cafeteras expreso, 72 sistemas de cocina 3 en 1 con licuadora y 72 batidoras para fuente de sodas.
La coincidencia de 72 unidades en cuatro categorías distintas abre una pregunta elemental: ¿a qué oficinas, dependencias, instalaciones o programas serán enviados estos equipos y por qué se determinó exactamente esa cantidad para cada uno?.
Hasta ahora, la ficha pública permite conocer los bienes y cantidades, pero no muestra de manera inmediata el presupuesto total ni el desglose de destino por dependencia, área usuaria o inmueble. Esa ausencia resulta particularmente relevante cuando entre los artículos aparecen cafeteras expreso, licuadoras y batidoras clasificadas presupuestalmente como equipo de administración.
No significa por sí misma que la adquisición sea irregular, pero sí obliga a justificar con precisión la necesidad, finalidad y destino de cada bien adquirido con recursos públicos.
Un procedimiento restringido, no una convocatoria abierta
La Oficialía Mayor decidió utilizar el mecanismo de invitación a cuando menos tres personas, figura legal que permite competir a un grupo limitado de proveedores en lugar de abrir la participación mediante una licitación pública nacional.
El procedimiento es electrónico, de carácter nacional, utiliza un criterio de evaluación binario, no contempla anticipo, no permite participación conjunta y tampoco incluye testigo social.
La presentación y apertura de propuestas está programada para el 8 de octubre y el fallo para el día 9, mientras que el inicio estimado del contrato está previsto para el 30 de octubre.
Esto significa que en apenas una semana deberá conocerse qué proveedores fueron invitados, cuáles presentaron propuestas, qué precios ofrecieron y quién obtendrá finalmente el contrato.
La transparencia en esa etapa será indispensable, especialmente porque la propia información del índice de contrataciones señala que la Oficialía Mayor acumula 176 procedimientos y que 54 por ciento de ellos fueron adjudicaciones directas, dato que vuelve todavía más relevante revisar cómo se están utilizando los mecanismos distintos a la licitación pública.
Falta conocer cuánto costará la compra
Otro de los puntos que mantiene abierta la revisión es el costo.
La ficha pública del procedimiento no despliega el monto total presupuestado de manera abierta, por lo que todavía no es posible establecer cuánto pretende pagar el Gobierno estatal por las 386 enmicadoras ni cuál será el precio unitario de las 72 cafeteras, licuadoras, batidoras y relojes checadores.
Ese dato será fundamental para determinar si los precios presentados por los proveedores corresponden a valores de mercado o si existen diferencias que deban ser explicadas.
También será necesario conocer las especificaciones técnicas exactas, porque bajo denominaciones aparentemente sencillas pueden existir diferencias importantes de capacidad, potencia, características, garantías y marcas que modifiquen considerablemente el precio.
La revisión no debería limitarse a comprobar que existan tres cotizaciones, sino a determinar si la compra responde a una necesidad institucional real y documentada.
La pregunta central: ¿para quién son?
En una adquisición pública, conocer qué se compra es apenas una parte de la información.
En este caso falta responder qué dependencia solicitó los equipos, dónde serán instalados, qué servidor público justificó la necesidad, cuál es la población o personal beneficiario y por qué las cantidades coinciden en 72 unidades para cuatro tipos distintos de bienes.
También deberá explicarse por qué 386 enmicadoras forman parte de una sola adquisición y cuál será su distribución.
El procedimiento incluye tres anexos -invitación, anexo técnico y modelo de contrato- y establece que el pago se realizará mediante transferencia electrónica dentro de los 17 días hábiles posteriores al ingreso de la factura, una vez recibidos los bienes a satisfacción del área usuaria. No habrá anticipo.
La compra puede estar plenamente sustentada y responder a necesidades operativas específicas, pero mientras no se haga transparente el destino de los equipos, el costo total y la justificación de las cantidades, la operación deja preguntas abiertas.
Y tratándose de recursos públicos, esas preguntas no son menores.
El fallo del 9 de octubre deberá permitir conocer quién gana, cuánto cobrará y bajo qué condiciones entregará los bienes. A partir de ese momento será posible establecer si la compra de 674 equipos se sostiene técnica y presupuestalmente o si termina convirtiéndose en otro expediente que exige más explicaciones de las que ofrece.
