* Pese a una resolución judicial que ordenó reactivar la actualización del Reglamento de la LGAMVLV, el proceso continúa sin una ruta pública, mientras 26 Alertas de Violencia de Género permanecen vigentes en 23 entidades del país……
Por Martha Romero
A casi tres semanas de que un juez federal ordenó reactivar los trabajos para actualizar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Gobierno federal mantiene pendiente una respuesta concreta, no existe públicamente una fecha para reinstalar las mesas de trabajo ni un calendario que permita conocer cuándo concluirá un proceso que arrastra años de retraso y que resulta fundamental para fortalecer las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) decidió aumentar la presión institucional y envió comunicaciones a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de las Mujeres para exigir la reanudación inmediata de los trabajos, así como una reunión que permita establecer la ruta para atender la suspensión definitiva concedida el 16 de julio de 2026 por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo 1091/2026.
El problema rebasa una diferencia administrativa, la resolución judicial coloca sobre la mesa la prolongada incapacidad gubernamental para concluir la reglamentación de modificaciones legales que datan de 2022, mientras la violencia contra las mujeres continúa exigiendo mecanismos de prevención, seguimiento y evaluación suficientemente claros.
Cuatro años de espera
La reforma no parte de cero, entre junio y agosto de 2022 se desarrolló un proceso de consulta en el que participaron organizaciones civiles, especialistas, académicas e integrantes de los grupos encargados de dar seguimiento a las alertas en distintas entidades, de aquellos trabajos surgió un proyecto para modificar el Reglamento, pero cuatro años después sigue sin concretarse.
Esa demora resulta particularmente cuestionable porque las AVGM continúan extendidas por buena parte del territorio nacional, actualmente existen 26 alertas vigentes en 23 entidades federativas, una dimensión que confirma que el mecanismo dejó hace tiempo de responder a situaciones excepcionales para convertirse en una herramienta permanente frente a una violencia estructural.
El OCNF ya había advertido desde 2025 sobre la necesidad de revisar y fortalecer las alertas y había cuestionado la falta de avances, incluso después de la desaparición de la Conavim y el traslado de responsabilidades a la nueva Secretaría de las Mujeres.
Millones para alertas, dudas sobre resultados
A la discusión normativa se suma el dinero público, para 2026 el Gobierno federal destinó más de 131 millones de pesos a la atención de las Alertas de Violencia de Género, recursos integrados al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas.
La propia Secretaría de las Mujeres informó que esos fondos deberán utilizarse, entre otras acciones, para fortalecer investigaciones ministeriales, contratar personal especializado para atender y acompañar víctimas y desarrollar estrategias de prevención en municipios sujetos a declaratorias, además, los convenios obligan a las entidades beneficiarias a transparentar el ejercicio del presupuesto mediante informes técnicos y mecanismos de fiscalización.
Precisamente por ello el OCNF demanda claridad sobre la distribución, etiquetado y ejercicio de los recursos, porque disponer de presupuesto sin reglas suficientemente actualizadas, indicadores transparentes y mecanismos eficaces de evaluación abre nuevamente la discusión sobre cuánto dinero se ejerce y, sobre todo, qué resultados produce.
La violencia no espera al Gobierno
La lentitud burocrática contrasta con las dimensiones del problema, documentos oficiales que utilizan información del SESNSP establecen para 2025 una línea base de 2 mil 795 muertes violentas de mujeres, equivalente a una tasa de 4.1 por cada 100 mil mujeres.
Registros basados en información del Secretariado señalan que 721 de esas muertes fueron clasificadas como feminicidios, alrededor de una cuarta parte del total, mientras el resto fue registrado principalmente bajo otras categorías de homicidio, una diferencia que mantiene abierta la discusión sobre los criterios utilizados por fiscalías y ministerios públicos para investigar las muertes violentas de mujeres.
El contraste es difícil de ignorar, mientras miles de mujeres son asesinadas y 23 entidades permanecen bajo alguna declaratoria de alerta, una reforma concebida para mejorar el funcionamiento del principal mecanismo extraordinario contra la violencia feminicida continúa atrapada entre mesas suspendidas, cambios institucionales y decisiones administrativas.
Un mandato que exige respuestas
El Gobierno federal enfrenta ahora una responsabilidad adicional, ya no se trata únicamente de cumplir una promesa política de fortalecer las AVGM, sino de responder a una resolución judicial que obliga a reactivar el procedimiento.
El OCNF exige recuperar el proyecto construido en 2022, reinstalar las mesas con organizaciones peticionarias, especialistas y académicas, establecer procedimientos menos discrecionales y garantizar transparencia tanto en la reforma como en el ejercicio presupuestal.
Cada semana adicional sin calendario incrementa el costo institucional del retraso, porque una política diseñada para responder a una emergencia nacional no puede permanecer indefinidamente sometida a la misma burocracia que debería combatir, menos todavía cuando existe un mandato judicial de por medio y millones de pesos destinados precisamente a enfrentar una violencia que, a diferencia del Reglamento, no permanece congelada.
