* La Oficialía Mayor abrió dos licitaciones para consultorías, sin transparentar aún las empresas participantes, los costos ni los beneficios para la población……
Por Karina Rocha
Mientras el Estado de México enfrenta carencias en servicios públicos, atención a mujeres víctimas de violencia y necesidades presupuestales, el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez abrió dos nuevas licitaciones para contratar servicios especializados, cuyos costos definitivos, empresas participantes y resultados todavía no han sido esclarecidos públicamente.
La Oficialía Mayor, encabezada por Trinidad Franco Arpero, programó para este lunes 26 de octubre la presentación y apertura de propuestas de los procedimientos LPNP-095-2026 y LPNP-096-2026, relacionados con el diseño del Modelo de Atención Integral para Ciudad Mujeres y la actualización de los mecanismos de administración de recursos humanos del Poder Ejecutivo estatal.
Sin embargo, una revisión de las convocatorias revela una circunstancia que merece especial atención: el servicio de modernización administrativa ya había sido objeto de otra licitación publicada apenas diez días antes, sin que hasta ahora se disponga de una explicación documental sobre el motivo de su repetición.
Ciudad Mujeres: recursos para diseñar, no necesariamente para atender
La licitación LPNP-095-2026, publicada el 20 de octubre mediante la convocatoria 085-2026, contempla contratar una consultoría para elaborar el Modelo de Atención Integral para Ciudad Mujeres.
La apertura de propuestas estaba programada para las 10:00 horas de este lunes, aunque no se cuenta con información pública suficiente para identificar a los participantes ni las ofertas económicas presentadas.
El procedimiento plantea interrogantes sobre las prioridades gubernamentales, particularmente cuando miles de mujeres mexiquenses enfrentan violencia, dificultades para recibir protección institucional y obstáculos para acceder oportunamente a servicios especializados.
La contratación requiere una explicación precisa sobre los productos que entregará la empresa seleccionada, el tiempo de ejecución y los mecanismos para garantizar que el modelo no termine convertido en otro documento administrativo sin resultados verificables.
También resulta necesario conocer por qué la elaboración de estos instrumentos debe encomendarse a una empresa externa, considerando que existen dependencias estatales con personal especializado en políticas públicas y atención a víctimas.
Una contratación aparece dos veces
El segundo procedimiento presenta un elemento particularmente relevante.
La licitación LPNP-096-2026, publicada el 20 de octubre, contempla contratar el Programa Integral de Actualización y Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo estatal, cuya apertura de propuestas estaba programada para las 12:00 horas.
El servicio comprende diagnósticos, revisión de perfiles, estructuras organizacionales, compensaciones, manuales administrativos, nóminas e indicadores de gestión.
No obstante, el mismo objeto contractual aparece en la licitación LPNP-088-2026, publicada el 10 de octubre, cuya apertura de propuestas estaba programada para el día 16.
Es decir, en un periodo de apenas diez días se publicaron dos convocatorias para contratar un servicio identificado prácticamente con la misma denominación.
¿Qué ocurrió con la primera licitación? ¿Fue declarada desierta, cancelada o repuesta por alguna irregularidad? ¿Se presentaron empresas que no cumplieron los requisitos o existieron modificaciones técnicas que obligaron a iniciar otro procedimiento?
Estas preguntas requieren respuestas documentadas.
La coincidencia entre convocatorias no demuestra por sí misma una contratación irregular, pero obliga a explicar qué determinación administrativa permitió emitir un nuevo concurso y si cambiaron sus condiciones, requisitos o alcances.
¿Consultorías necesarias o duplicación de funciones?
Otra interrogante corresponde a la necesidad de contratar servicios externos para revisar procedimientos que forman parte de las responsabilidades ordinarias de la administración estatal.
El gobierno dispone de dependencias encargadas de administrar personal, estructuras, remuneraciones y controles internos, por lo que debe justificar técnicamente qué conocimientos adicionales requiere adquirir y por qué no puede desarrollar esas tareas con sus propios recursos.
Además, será indispensable determinar cuánto costarán ambos servicios y si sus resultados contribuirán efectivamente a mejorar la atención ciudadana y reducir ineficiencias administrativas.
La transparencia no puede limitarse a publicar convocatorias. También deben conocerse las actas de apertura, evaluaciones, participantes, fallos, contratos y entregables.
En particular, la Oficialía Mayor deberá aclarar el destino de la licitación LPNP-088-2026 y explicar por qué volvió a convocar un procedimiento con el mismo objeto.
Mientras esas respuestas no sean públicas, persistirán dudas legítimas sobre la planeación, justificación y eficiencia del gasto.
El gobierno de Delfina Gómez Álvarez tiene la obligación de demostrar que estas contrataciones responden a necesidades reales y no representan simplemente nuevas erogaciones administrativas cuyo beneficio para los mexiquenses resulte imposible de comprobar.
