* Autoridades federales y estatales aseguraron un inmueble en Toluca presuntamente utilizado para almacenar y distribuir gas LP de manera ilegal, una actividad que continúa representando un riesgo para la población y pérdidas millonarias para el Estado……
Por Martha Romero
El aseguramiento de un predio presuntamente utilizado para el almacenamiento y distribución clandestina de gas LP en Toluca volvió a exhibir la dimensión que ha alcanzado el mercado ilegal de combustibles en el Estado de México, donde pese a los constantes operativos de autoridades federales y estatales, las redes dedicadas a esta actividad continúan operando y poniendo en riesgo la seguridad de miles de familias, además de generar pérdidas millonarias para las finanzas públicas y afectar a empresas que comercializan el energético de manera legal.
El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la colonia San Lorenzo Tepatitlán, donde elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos, la Policía Municipal de Toluca y personal de Protección Civil ejecutaron una orden de cateo derivada de investigaciones relacionadas con posibles delitos en materia de hidrocarburos.
Las autoridades informaron que las indagatorias apuntan a la presunta comisión de delitos vinculados con el almacenamiento, distribución y comercialización ilícita de gas LP, además de la posible utilización de documentación o permisos apócrifos para operar fuera del marco legal.
Un negocio que sigue creciendo
Durante la diligencia fueron aseguradas tres pipas con capacidad de tres mil 300 litros cada una, equivalentes a nueve mil 900 litros de gas LP, además de 50 cilindros, de los cuales 43 estaban vacíos, seis abastecidos con capacidad de 20 litros y uno más lleno con capacidad de 30 litros, asimismo, el inmueble quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal para continuar con la integración de la carpeta de investigación.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, el aseguramiento representa una afectación económica superior a los cinco millones de pesos para la estructura presuntamente dedicada a estas actividades ilícitas, además de reducir temporalmente su capacidad logística y operativa.
Sin embargo, este nuevo operativo también refleja un problema mucho más profundo, el robo y la comercialización ilegal de combustibles se han convertido en uno de los negocios ilícitos más rentables del país, alimentado por redes que constantemente buscan nuevas formas de operar, utilizando inmuebles aparentemente comunes para almacenar materiales altamente inflamables en zonas urbanas, incrementando el riesgo de explosiones, incendios o fugas que pueden poner en peligro a comunidades enteras.
Especialistas en seguridad han advertido que combatir este fenómeno requiere algo más que aseguramientos aislados, pues resulta indispensable identificar y desarticular las estructuras financieras, logísticas y de distribución que sostienen estas operaciones ilegales, además de fortalecer los mecanismos de supervisión sobre permisos, transporte y comercialización de combustibles.
Mientras estas redes continúen encontrando espacios para operar, el llamado “huachigas” seguirá representando una amenaza para la seguridad pública, la economía formal y la integridad de miles de familias mexiquenses, por lo que las investigaciones deberán avanzar hasta deslindar responsabilidades y, en su caso, llevar ante la justicia a quienes resulten involucrados conforme a derecho.
