* Propuesta del Partido Verde podría imponer trabas burocráticas a colectivos buscadores, mientras familias financian labores que corresponden al Estado……
Por Karina Rocha
Como si el sufrimiento de buscar a un familiar desaparecido no fuera suficiente, ahora surge la posibilidad de imponer requisitos de experiencia para acceder a recursos públicos destinados a las labores de localización, una condición planteada durante la discusión de una iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que podría convertirse en una nueva barrera burocrática para quienes diariamente enfrentan la ausencia de sus seres queridos y la insuficiente respuesta institucional, misma que los ha llevado a hacer las “labores de investigación y búsqueda” con sus propios medios.
La propuesta legislativa busca permitir que personas y colectivos utilicen recursos del Fondo Estatal de Desaparición para adquirir herramientas, materiales y equipos, sin embargo, los planteamientos para comprobar experiencia y actividades previas despiertan cuestionamientos sobre el trato que recibirían las familias recién incorporadas a las labores de búsqueda.
¿Desde cuándo el dolor necesita experiencia?
Carmen Zamora, integrante del Colectivo Ehécatl, consideró necesario verificar que las agrupaciones realmente participen en las búsquedas antes de autorizar apoyos económicos, postura encaminada a prevenir posibles irregularidades, pero que también abre una discusión fundamental sobre cómo evitar que los controles administrativos terminen excluyendo a víctimas que apenas comienzan su búsqueda.
Resultaría inadmisible que una madre tuviera que demostrar trayectoria para recibir herramientas que necesita urgentemente, cuando la obligación constitucional y legal de localizar personas desaparecidas corresponde a las autoridades.
La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México tendría facultades para establecer requisitos y procedimientos, además de integrar un catálogo estatal de buscadores, mecanismos que deberán garantizar transparencia sin convertirse en obstáculos para las familias.
El Congreso mexiquense debe asegurar controles sobre el dinero público, pero también criterios accesibles, acompañamiento institucional y atención inmediata, porque ninguna familia debería enfrentar procedimientos interminables para obtener apoyo.
La verdadera discusión no es cuántos años lleva una persona buscando, sino por qué tantas familias deben financiar y organizar labores que corresponden prioritariamente al Estado.
