* Denuncia por presunto robo de agua en Ecatepec sigue sin avances, mientras exigen investigar posibles redes ilegales y responsabilidades de funcionarios……
El presunto robo y comercialización ilegal de agua potable en Ecatepec ha colocado nuevamente bajo cuestionamiento a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de conocerse el caso de una ciudadana que denunció posibles irregularidades desde enero de 2025 y cuya carpeta de investigación, según los señalamientos de su defensa, permanece prácticamente paralizada, pese a la entrega de elementos que ameritaban diligencias ministeriales.
El caso corresponde a Magdalena Guzmán Torres, quien presentó una denuncia el 25 de enero de 2025 por hechos relacionados con presuntas afectaciones al servicio pú-blico y distribución de agua potable, posteriormente, el 9 de febrero de 2026, su representación jurídica entregó conversaciones de Whats-App y material fotográfico para respaldar los señalamientos.
Sin embargo, hasta el último corte documentado, correspondiente al 8 de septiembre, la parte denunciante sostenía que no existían avances sustanciales, inspecciones, citatorios ni requerimientos de información al organismo municipal encargado del suministro.
La situación resulta particularmente preocupante porque no se trata únicamente de una controversia administrativa, sino de posibles conductas que podrían involucrar la extracción clandestina de un recurso indispensable, su comercialización irregular y la eventual tolerancia de autoridades responsables de prevenir e investigar estos hechos.
De acuerdo con los señalamientos difundidos, el asesor jurídico de la denunciante acudió reiteradamente al Centro de Justicia de San Agustín para conocer el estado del expediente, sin obtener acceso efectivo a la carpeta ni respuestas satisfactorias sobre las diligencias pendientes.
Una Fiscalía obligada a rendir cuentas
El problema adquiere mayor gravedad en un municipio donde durante años miles de familias han padecido interrupciones del suministro, mientras la comercialización mediante pipas representa una alternativa costosa para quienes carecen de agua en sus domicilios.
La administración municipal ha informado sobre operativos para localizar tomas clandestinas y recuperar importantes volúmenes del líquido, acciones que contrastan con las denuncias sobre posibles retrasos en determinadas investigaciones ministeriales.
Esta contradicción obliga a establecer cuántas carpetas relacionadas con el robo de agua se encuentran abiertas, cuántas han derivado en órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso o sentencias y cuántas permanecen archivadas sin resultados verificables.
También deberá esclarecerse si existen particulares, operadores de pipas o servidores públicos involucrados en posibles mecanismos de extracción, distribución y comercialización irregular, evitando señalar responsabilidades sin pruebas suficientes.
La atención se dirige ahora hacia el fiscal general José Luis Cervantes Martínez, cuya institución debe explicar qué actuaciones se realizaron en el expediente, por qué se cuestiona su avance y si existen investigaciones administrativas sobre el desempeño del personal ministerial.
Hasta ahora no se ha confirmado una resolución definitiva sobre la denuncia ni una determinación oficial de responsabilidad contra funcionarios específicos.
El caso evidencia la necesidad de garantizar investigaciones oportunas, transparentes y sujetas a supervisión, porque combatir el huachicol de agua exige mucho más que operativos y anuncios institucionales.
Mientras no existan resultados comprobables, persistirá una pregunta fundamental: ¿quién investiga a quienes tienen la obligación de investigar el posible saqueo del agua en Ecatepec?.